Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) realizaron ayer manifestaciones en la Ciudad de México y en al menos 17 estados del país para rechazar la evaluación del desempeño en dicho ámbito, impulsada por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), por considerar que afectaría la certeza jurídica y la estabilidad laboral de los empleados, entre ellos actuarios, secretarios, oficiales judiciales y personal de carrera.
En la capital, realizaron bloqueos y mítines en al menos tres sedes, sobre avenida Insurgentes, en Periférico Sur y en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde los trabajadores expresaron su inconformidad con el nuevo esquema de evaluación y exigieron claridad sobre sus alcances y consecuencias.
Mientras tanto, el dirigente nacional del STPJF, Gilberto González Pimentel, acudió al Senado de la República para pedirle a legisladores de la Comisión de Justicia que aclaren el programa de evaluación del desempeño de los trabajadores, cuyos detalles se difundieron el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, lo que generó dudas e inquietud entre el personal judicial.
“Logramos establecer el compromiso de mantener una interlocución institucional para revisar el tema, así como la importancia de garantizar el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, como parte de la protección de los derechos laborales de los trabajadores”, señaló González Pimentel tras su encuentro con los senadores.
Por su parte, el OAJ desmintió en un comunicado que los exámenes de evaluación puedan generar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas, ya que su objetivo es únicamente hacer un diagnóstico de los empleados, por lo que no habrá aprobados ni reprobados. “La evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial. Es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas”, aseveró el organismo.
González Pimentel subrayó que la evaluación del desempeño “no debe convertirse en un mecanismo de ceses arbitrarios, ni de vulneración de derechos adquiridos”, y que “la certeza jurídica y la estabilidad laboral de quienes diariamente contribuyen a la impartición de justicia son fundamentales para brindar tranquilidad tanto a los trabajadores como a los justiciables”.
En el mismo sentido, la Asociación de Jueces y Magistrados externó su preocupación por considerar que el mencionado nuevo esquema de evaluación del OAJ “incorpora criterios subjetivos y discrecionales para valorar al personal de carrera judicial”, lo que, a su juicio, podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias en la valoración del personal.
En Durango, los colaboradores de base del PJF se arremolinaron y tiraron a Néstor Vargas Solano, titular del OAJ, cuando éste se disponía a atenderlos personalmente. La mañana del viernes, los inconformes iniciaron su protesta frente al edificio del PJF y pedían a gritos la presencia de Vargas Solano, quien visitó la entidad; sin embargo, cuando éste estaba por salir para escucharlos, los manifestantes quisieron entrar a empujones, por lo que el funcionario cayó al piso y fue rescatado por personal del órgano que no estaba en la manifestación. El incidente no pasó a mayores.
Otras de las entidades donde también se registraron movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial federal fueron Coahuila, Guanajuato, el estado de México, Puebla, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán, en una jornada nacional de protesta que evidenció la magnitud del rechazo al programa de evaluación y la exigencia de los trabajadores de que se garanticen sus derechos laborales.
