Al menos 18 mandatarios estatales del bloque de la Cuarta Transformación expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que en la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre se expusieran presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
A través de comunicados simultáneos y mensajes en redes sociales, las y los gobernadores coincidieron en que la autonomía del INE no puede ser sinónimo de impunidad ni exención de fiscalización, y pidieron que las autoridades competentes investiguen a fondo una red de proveedores que habría concentrado contratos millonarios por más de dos décadas.
Los pronunciamientos fueron difundidos por las gobernadoras y gobernadores de Campeche, Layda Sansores San Román; Baja California, Marina del Pilar Ávila; Quintana Roo, Mara Lezama; Tabasco, Javier May Rodríguez; Veracruz, Rocío Nahle García; Puebla, Alejandro Armenta Mier; Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; Colima, Indira Vizcaíno Silva; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; Morelos, Margarita González Saravia; Sinaloa, Graciela Domínguez Nava; Oaxaca, Salomón Jara Cruz; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM); y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entre otros.
La investigación presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, documenta que un grupo de seis empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas —Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández— acumuló contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, cuando el Consejo General del INE fue presidido por Lorenzo Córdova Vianello, con 23 de los 32 OPLEs, y otros 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025 con 15 OPLEs, para un total de 2 mil 740.3 millones de pesos.
El origen de la red, según Buenrostro, se remonta a 1983-1988, cuando los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población (RENAPO) y posteriormente en el CISEN, bajo las órdenes de Juan Carlos Padilla Aguilar. En 1999 incursionaron como proveedores electorales en el Estado de México y en 2005 obtuvieron un contrato de 63.7 millones de pesos que provocó la renuncia de siete consejeros por denuncias de sobornos.
Los mandatarios de la 4T destacaron también los vínculos políticos expuestos por el gobierno federal entre esa estructura empresarial y el nuevo partido SOMOS, que obtuvo registro en junio de 2026 y es encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo. En SOMOS militan Padilla Aguilar, y participan como directivos Lorenzo Córdova, en el Consejo Consultivo Ciudadano; Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE; y Marco Antonio Baños, exconsejero.
«Autonomía no significa impunidad. ¡Ni privilegios ni corrupción con recursos del pueblo!», escribió Clara Brugada. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, insistió en que las investigaciones deben abarcar también las administraciones anteriores del INE y no limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció el 29 de octubre.
En Tabasco, el gobernador Javier May exigió esclarecer quiénes autorizaron las adjudicaciones y quiénes se beneficiaron. «No se trata de emitir juicios anticipados, sino de que las autoridades competentes esclarezcan cualquier posible conflicto de interés», señala el posicionamiento común que replicaron los mandatarios.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, subrayó que la autonomía de los organismos electorales no implica ausencia de vigilancia. Mientras tanto, Alejandro Armenta, de Puebla, calificó lo expuesto como una «mafia electoral».
Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México como empresa pública encargada de elaborar materiales electorales, y pidió que la Auditoría Superior de la Federación, la UIF y la FGR determinen responsabilidades.
