Veracruz se ubicó como el estado que más recursos públicos destinó a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, al acumular 570.4 millones de pesos en contrataciones electorales entre 2014 y 2023, de acuerdo con la investigación presentada este jueves por el Gobierno federal.
La cifra fue expuesta por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Representa el 27.2 por ciento de los 2 mil 94 millones de pesos identificados en contratos otorgados por 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) del país a la red de compañías durante ese periodo.
De acuerdo con los datos, los contratos en Veracruz se distribuyeron en tres empresas: Cajas Graf, con 302.9 millones de pesos; Seriplast de México, con 263.3 millones; y Corporativo ZEG, con 4.2 millones de pesos. Cajas Graf y Seriplast concentraron el 99.3 por ciento del monto total en la entidad.
Veracruz superó a Nuevo León, que registró 314.2 millones de pesos; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones; y Coahuila, con 139.6 millones, en el periodo 2015-2023.
La investigación del Gobierno federal señala que la red empresarial vinculada a los hermanos Hernández Casillas tiene antecedentes de contratación con autoridades electorales desde finales de la década de 1990, con empresas como Cartonera Plástica (1988) y Formas Finas Fernando Fernández (1992).
Según Buenrostro, entre 2015 y 2025 las compañías relacionadas acumularon contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos a nivel nacional. De ese total, 2 mil 94 millones corresponden a 23 OPLEs entre 2015 y 2023, y 646.3 millones adicionales fueron otorgados por 15 OPLEs entre 2024 y 2025. En este último periodo, Puebla encabezó con 129.7 millones, seguido de Jalisco y Baja California, mientras que Veracruz ya no aparece en la lista.
La titular de Anticorrupción detalló que el esquema detectado consistía en la simulación de competencia en licitaciones públicas, donde empresas con los mismos beneficiarios finales aparentaban competir entre sí.
«Simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo», explicó la funcionaria. Las empresas señaladas son Formas Finas y Materiales, que encabezó las adjudicaciones nacionales con 825.6 millones de pesos, Cajas Graf con 751.2 millones, Seriplast de México con 380.5 millones, además de Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
La secretaria indicó que el crecimiento de la red se dio tras la reforma electoral de 2012-2013, que transfirió al Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova, la facultad de designar a los consejeros de los 32 OPLEs, combinado con omisiones de supervisión y falta de lineamientos claros de contratación.
Los montos fueron obtenidos de fuentes abiertas como la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de Compranet, por lo que Buenrostro advirtió que se trata de un piso y que las cifras podrían incrementarse conforme avancen las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ya revisan transferencias entre empresas relacionadas y la posible existencia de empresas fachada.
La presidenta Sheinbaum anunció que presentará la próxima semana un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, con el fin de reducir la dependencia de proveedores privados en la producción de material electoral.
