El juicio contra Javier Duarte de Ochoa por presunto desvío de recursos federales no empezará este año. Un juez federal prorrogó la investigación complementaria hasta el 24 de diciembre y el juicio oral quedaría hasta mediados de 2027, a pesar de que su condena de nueve años por lavado vence en abril de 2026.
El exgobernador (2010-2016) fue vinculado a proceso el 17 de febrero de 2026 por peculado. La FGR lo acusa de ordenar en 2012 la operación «licuadora»: mezclar fondos federales y estatales para luego dispersarlos y desviar 5 millones de pesos de subsidios para personas con discapacidad.
El plazo inicial venció en agosto. El 24 de septiembre, en audiencia en el Reclusorio Norte, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor concedió la ampliación solicitada por ambas partes. Aún puede pedir tres meses más, lo que estiraría la acusación formal y la etapa intermedia hasta 2027.
La prórroga mantiene a Duarte en prisión. En febrero el mismo juez le impuso prisión preventiva justificada, lo que bloqueó su salida anticipada que solicitó en noviembre de 2025 tras cumplir 95% de su pena. La jueza Ángela Zamorano se la negó por no cumplir requisitos y por tener este nuevo proceso abierto.
Su defensa, encabezada por Pablo Campuzano, promovió amparos y en septiembre de 2026 volvió a tramitar uno para rastrear si hay nuevas órdenes de aprehensión. La FGR, con la FEMCC de María de la Luz Mijangos, tiene más de 100 carpetas de la ASF contra su administración y ya pidió permiso a Guatemala —que lo extraditó en 2017— para imputarle otros cargos, como desvíos en salud.
Duarte, detenido en Guatemala en abril de 2017, insiste en que «no se robó nada».
