España amaneció este sábado con una tensa calma en su frontera sur y una estructura inédita en el agua. La Guardia Civil comenzó a las 07:50 horas la instalación de una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal, el punto por donde entraron masivamente miles de migrantes desde Marruecos.
La medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez durante su visita a Ceuta el viernes, busca frenar una crisis sin precedentes y sortear un vacío legal.
La barrera es neumática, sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre el mar y se hunde un metro bajo el agua. Se combina con una primera línea de boyas fondeadas por la Armada y deja un canal intermedio para que patrullen las lanchas de la Guardia Civil.
El despliegue llega tras una avalancha que, según Interior, llevó a 50,000 personas a cruzar a nado y por tierra desde el jueves, desbordando el enclave español. Al menos 67 personas murieron ahogadas o aplastadas contra el rompeolas, de acuerdo con el balance oficial.
Sánchez calificó lo ocurrido como «una violación de la integridad territorial de España» y evitó culpar directamente a Rabat, atribuyendo el flujo a mafias y a rumores en redes sociales. Este sábado, el ministro del Interior insistió en que Marruecos es «un socio totalmente fiable».
La clave de la barrera flotante es jurídica. El Tribunal Supremo determinó que no se pueden hacer «devoluciones en caliente» a quienes entran a nado, porque no superan un elemento físico de contención. Solo se pueden devolver de forma exprés a quienes saltan la valla. Con la barrera, todo el que entre habrá superado un obstáculo fronterizo y podrá ser retornado inmediatamente.
Más de 48,000 personas ya regresaron voluntariamente a Marruecos en las últimas 48 horas por falta de comida y alojamiento, mientras una decena de patrulleras de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Marina marroquí sellan la bahía.
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