PODER Y CÍTICA | REDACCIÓN | La inocultable corrupción en el Ayuntamiento de Isla Mujeres liderada por la presidenta Teresa Atenea Gómez Ricalde, su secretario general del Hugo Sánchez Montalvo, y director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, William Conrado Alarcón llegó hasta Palacio Nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una investigación a fondo e invitó a los empresarios que acusaron extorsión oficial que presentaran las denuncias correspondientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum conoció en su mañanera del miércoles las denuncias de empresarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, quienes acusan a una presunta red de corrupción operada por altos funcionarios municipales de extorsionarlos durante años. La mandataria fue clara: “Si los empresarios son víctimas de presunta extorsión, que denuncien, que se investigue” por parte del Gabinete de Seguridad.
Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, un reportero del medio Milenio planteó el caso a la Presidenta, quien enfatizó la necesidad de que las víctimas presenten denuncias formales para que las autoridades federales actúen.
Los empresarios denunciados en el medio nacional en todas sus plataformas señalan directamente al secretario Sánchez Montalvo, y al director general de Desarrollo Urbano, Conrado Alarcón, como las cabezas de la presunta red; ambos funcionarios han permanecido en posiciones clave durante diversas administraciones, particularmente en áreas relacionadas con infraestructura, licencias y fiscalización.
Según los afectados, los funcionarios utilizan dependencias como Protección Civil, Ecología y Fiscalización como “garrote” para imponer multas y clausuras selectivas, favoreciendo monopolios vinculados a grupos políticos locales —entre ellos la familia de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde— y eliminando competencia.
Uno de los testimonios más detallados es el de Rigoberto Nava, propietario de un banco de materiales en la zona continental de Isla Mujeres que operó por más de 24 años.
Nava relató que el hostigamiento comenzó tras negarse a pagar una “cuota” de materiales: “Para mí es extorsión de las autoridades. (…) Después me pidieron un predial, el terreno es ejidal, entonces nos trajeron una cuenta de aproximadamente 20 millones de pesos (…) Tras negarse a pagar estos cobros irregulares, le colocaron sellos de clausura al lugar, pese a que ganó un amparo”.
Nava asegura que otros bancos de materiales operan sin problemas porque mantienen “acuerdos” con los funcionarios señalados, lo que ha provocado el encarecimiento de materiales en la zona.Otro empresario, que pidió anonimato, describió un modus operandi sistemático: cobros irregulares, obstáculos para tramitar licencias y protección a ciertos negocios.
“Hay un modus operandi por parte de la autoridad: utilizan a Protección Civil, Fiscalización y Ecología como garrote para aplicar cláusulas a la carta”, denunció.
Los afectados incluyen dueños de muelles, marinas, bares, restaurantes y comercios en general.
Muchos temen represalias y permanecen en silencio, aunque algunos ya presentaron denuncias ante la Fiscalía de Quintana Roo.
Empresarios como Arturo, quien también fue clausurado tras negarse a pagar “mordidas”, han hecho un llamado público a las víctimas: “Denuncie, no nos quedemos callados”.
Los denunciantes vinculan los cobros “repentinos” con las elecciones del próximo año.
“Todos ellos están alineados en ver cuál es el caballo ganador (…) cada quien está tratando de poner su propio caballo”, señaló uno de los afectados.
Atenea Gómez Ricalde, opera para el ejercicio fiscal 2026 con un presupuesto estimado de $1,059,167,463 pesos (mil cincuenta y nueve millones de pesos), de los cuales la ciudadanía constantemente denuncia casos de corrupción en la entrega de contratos y obras públicas.
A la presidenta Teresa Atenea se le acusada de lucrar con las obras de infraestructura municipal entregada a compañías amigas en concreto la modernización de vialidades y servicios básicos, financiada a través del Programa de Inversión Anual (PIA).
Las principales obras denunciadas son la modernización del alumbrado público consistente en la sustitución e instalación de 305 luminarias LED a lo largo de 4 kilómetros de la Avenida Gastón Alegre en Ciudad Mujeres (Zona Continental), sumándose a los trabajos previos de alumbrado en la Avenida Químico Pastrana de 4 km y la carretera a Rancho Viejo de 6 km.
También el reencarpetamiento hidráulico y mejoras urbanas desde la zona conocida como «la curva» hasta el Parque Las Hormiguitas, diseñado para conectar de manera segura las colonias insulares, además de la primera etapa de remodelación de la Avenida Rueda Medina, el acceso principal al puerto y la recuperación y delimitación de predios públicos en Punta Sur, todo esto es un verdadero estercolero de corrupción.
Auditorías federales señalan a la gestión de Gómez Ricalde por un daño patrimonial de 6.3 millones de pesos debido a la falta de comprobación fiscal y deficiencias en las licitaciones de recursos transferidos.
