El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, acompañado por cuatro exmandatarios estatales emanados de Acción Nacional (PAN), conformó un frente de defensa político y legal a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto «N», a quien calificó como víctima de una persecución orquestada por el actual gobierno federal.
En conferencia de prensa, el exmandatario federal estuvo respaldado por los exgobernadores jaliscienses Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez, así como por los exjefes del Ejecutivo de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez. Desde ahí, el grupo exigió que el proceso judicial iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto crimen organizado y huachicol fiscal se conduzca con estricto apego a la legalidad y transparencia.
«Meto las manos al fuego»
Fox Quesada, quien gobernó el país entre 2000 y 2006, aseguró que «mete las manos al fuego» por quien fuera el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Aclaró que su exigencia no busca colocar a nadie por encima de la ley, sino garantizar que la Constitución sea respetada frente a lo que calificó como una «inexistencia de pruebas».
Asimismo, el guanajuatense cuestionó la opacidad en las etapas iniciales del proceso:
«¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto «N»? Cuando el Estado de derecho se pone en riesgo, lo que está en juego no es el destino de una sola persona, sino el futuro de la democracia mexicana», aseveró, criticando también que la audiencia inicial se realizara a puerta cerrada.
Trasfondo político y desconfianza en el nuevo Poder Judicial
Para el exmandatario, las acusaciones contra el exgobernador fronterizo tienen un claro móvil político: «Es evidente que estamos frente a un caso político; está a la vista de todo el mundo, nacional e internacionalmente, este comportamiento de injusticia y de atropello a los derechos de una persona», sentenció.
En su embestida contra las instituciones de impartición de justicia, Fox descalificó al actual Poder Judicial surgido de la elección popular, al calificarlo peyorativamente como un poder «patito» y carente de la independencia necesaria para otorgar garantías procesales imparciales.
Finalmente, recordó los señalamientos previos de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez respecto a redes de contrabando de combustibles a gran escala en el país, reprochando que las indagatorias de la FGR se hayan focalizado de manera selectiva en el exmandatario panista.
