Un juez de control vinculó a proceso a siete ganaderos y operadores de ventanillas del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) por su presunta participación en una red de fraude, falsificación de documentos y venta ilegal de aretes para ganado en Tabasco.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los imputados —cuatro de Balancán y tres adscritos a la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT) con sede en Villahermosa— fueron detenidos tras dos cateos autorizados por el Tribunal Superior de Justicia en noviembre del año pasado, donde se aseguraron computadoras, expedientes de productores, listados de Unidades de Producción Pecuaria (UPP) y dinero en efectivo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el esquema operaba desde 2023. Los aretes SINIIGA, cuyo costo oficial es de 50 pesos, eran revendidos en el mercado negro hasta en mil 500 pesos. Además, permitían “legalizar” ganado de procedencia dudosa, incluido ganado introducido de forma irregular desde Centroamérica, al simular la identidad de productores y vulnerar los controles sanitarios.
La Fiscalía estima que más de 300 mil identificadores fueron comercializados de forma irregular, con una ganancia ilícita cercana a los 450 millones de pesos, según declaró en su momento el gobernador Javier May Rodríguez.
A los siete vinculados se les imputan los delitos de abigeato, asociación delictuosa, robo de identidad y falsificación de documentos oficiales. El juez les impuso medidas cautelares de firma periódica, prohibición de salir del estado y garantía económica, mientras continúa la investigación complementaria por tres meses.
La red fue denunciada por pequeños ganaderos en territorio, quienes alertaron que una misma vaca aparecía con 100 crías al año en el Padrón Ganadero Nacional, algo biológicamente imposible y señal del mal uso del sistema.
El director nacional del SINIIGA, Juan Robles Linares, ha aclarado que no se trata de un robo masivo de aretes físicos, sino de falsificación administrativa, y que el abasto en Tabasco —donde hay 1.7 millones de cabezas— corresponde a los 500 mil becerros que se generan al año.
La FGE no descarta más vinculaciones. La UGRT sostiene que la expedición de aretes es facultad federal y que ellos “no han hecho nada ilegal”, pero confirmó que coopera con la investigación.
