En medio de una tormenta política que ha llegado hasta la dirigencia nacional del PAN, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rompió el silencio tras la difusión de audios revelados por el columnista Héctor de Mauleón, en los que supuestamente se escucha a la mandataria negociar cooperación con autoridades estadounidenses bajo la sombra de una posible extradición.
¿Coordinación o negociación bajo presión?
En un posicionamiento oficial, la gobernadora admitió la autenticidad de los fragmentos, pero matizó el contexto: aseguró que se trató de una conversación privada con individuos que se presentaron como agentes o intermediarios de Estados Unidos, pero sin acreditar formalmente dicha representación.
La mandataria fue tajante al desmentir cualquier acuerdo ilegal:
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«No a la subordinación»: Ávila Olmeda subrayó que la colaboración de su gobierno con autoridades extranjeras se limita a la coordinación institucional en materia de seguridad, siempre bajo el marco legal y sin ceder ante imposiciones externas.
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Desestimación: Rechazó las interpretaciones derivadas de «fragmentos aislados», asegurando que su disposición ante cualquier requerimiento oficial es total, siempre que se presente por los canales institucionales.
La voz de la alarma: «Los audios»
La gravedad del caso radica en el contenido expuesto por el columnista de El Universal. En una de las grabaciones, se escucha a una voz atribuida a la gobernadora mostrarse visiblemente alarmada ante la posibilidad de una orden de extradición: «¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?… Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad…», se escucha decir en la cinta, sugiriendo una disposición total a «hablar de todo».
La oposición exige licencia
El escándalo ha reactivado un frente opositor liderado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien ha exigido que la gobernadora pida licencia inmediata al cargo mientras se investiga a fondo el presunto acercamiento con agencias como el FBI.
«Esto ya no es un tema de visas, sino de seguridad nacional. Si Marina del Pilar estuvo dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad, debe aclararlo de inmediato», denunció Romero.
Un historial de tensiones
Esta crisis no es aislada. La relación de la gobernadora con el gobierno de Estados Unidos ha estado marcada por el desgaste desde mayo de 2025, cuando se confirmó la revocación de su visa —y la de su esposo, Carlos Torres Torres— por razones que las autoridades estadounidenses han mantenido bajo reserva, amparadas en sus leyes migratorias.
Por ahora, la gobernadora sostiene que se encuentra tranquila y concentrada en la agenda de seguridad estatal, mientras el caso escala hacia una posible investigación de mayor envergadura sobre la soberanía de la información compartida en las mesas de inteligencia fronteriza.
