El gobierno de Donald Trump concretó este viernes la mayor modificación en 50 años a la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) de 1973: redefinió qué se considera “daño” a la fauna y flora protegida, eliminando la prohibición de degradar o modificar sus hábitats. Con el cambio, actividades como perforación petrolera, minería, agricultura, tala y desarrollo inmobiliario podrán realizarse en zonas antes intocables siempre que no se lastime o mate directamente a un ejemplar. 7663
Los Departamentos del Interior y de Comercio justificaron la medida como un retorno “al texto real y a la intención original” de la ley, para acabar con “años de extralimitación federal”. El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que la norma anterior convirtió la “actividad rutinaria en una trampa regulatoria” y elevó costos para familias y empresas. Su par de Comercio, Howard Lutnick, dijo que beneficiará a pescadores afectados por “regulaciones excesivamente amplias y onerosas”. 7663
Qué cambia:
Desde 1975, “daño” incluía la destrucción del hábitat que afectara la reproducción, alimentación o refugio de especies amenazadas. La Corte Suprema ratificó esa definición en 1995. La nueva norma elimina esa parte: los promotores podrán alterar bosques, playas, ríos o humedales donde viven las especies, siempre que no haya muerte o herida directa.
Impacto inmediato:
- Energía y minería: Se facilita la perforación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y en aguas costeras, revirtiendo vetos de la administración Biden. También se deroga una norma que protegía a las aves de muertes por derrames de petróleo y colisiones con infraestructura.
- Forestal y agricultura: Reduce costos de permisos para tala, explotación agrícola y ganadería en terrenos federales.
- Infraestructura: Se elimina una orden de los años 70 que limitaba vehículos todoterreno en áreas de conservación para evitar daños a fauna y paisaje. e1461d581e53
Grupos ambientalistas advierten que la medida “avivará las llamas de la crisis de extinción”. Earthjustice señaló que “no hay forma de proteger animales y plantas sin proteger los lugares donde viven” y anunció acciones legales. El Centro para la Diversidad Biológica calificó la reforma como “un cuchillo por el corazón de la ley”.
La ESA ha sido clave para salvar al águila calva, el cóndor de California y el lobo gris. Durante su primer mandato, Trump ya debilitó la ley al permitir que se consideraran costos económicos en las decisiones de protección. Biden revirtió esos cambios en 2024, pero la nueva norma de Trump los retoma y amplía.
El gobierno argumenta que la medida “respeta la propiedad privada” y dará “certeza a los propietarios”. Sin embargo, un informe de la ONU advierte que un millón de especies están en riesgo por actividad humana, y que destruir paisajes naturales a este ritmo minará la seguridad alimentaria y el acceso al agua para 2050.
La norma entra en vigor de inmediato. Organizaciones como Sierra Club y Defenders of Wildlife preparan demandas, mientras sectores energéticos y madereros celebran la reducción de “trámites” para acceder a recursos en tierras públicas.
