PODER & CRÍTICA | REDACCIÓN | La administración mexicana ha decidido endurecer su postura ante la creciente cifra de incidentes fatales que involucran a ciudadanos mexicanos bajo custodia de las autoridades estadounidenses. El canciller Roberto Velasco anunció este jueves que México dejará la vía exclusivamente diplomática para emprender acciones legales directas ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Acción penal tras el asesinato de Lorenzo Salgado
La decisión se deriva del reciente caso de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que perdió la vida tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un opEstablecer la imagen destacadaerativo en Texas. Pese a haber sido trasladado a un hospital en Houston, el connacional falleció horas después a causa de las heridas.
Velasco confirmó que México presentará denuncias penales para exigir que se investigue a fondo el actuar de los agentes migratorios. «Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de EE.UU. para que se investigue en el ámbito penal lo que está ocurriendo» declaró el canciller.
Acciones contra empresas operadoras
El Gobierno Federal también ha puesto en la mira a las empresas privadas que gestionan los centros de detención del ICE, las cuales han sido señaladas por mantener condiciones infrahumanas.
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Acciones civiles: Se emprenderán procesos legales contra estas entidades.
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Cartas de cese: Ya se han enviado notificaciones formales exigiendo el cese inmediato de las prácticas y condiciones que, según el reporte de la Cancillería, han derivado en la muerte de 14 mexicanos bajo custodia en los últimos tiempos.
Intervención internacional y presión diplomática
Como medida adicional de presión, el Gobierno mexicano formalizará una exigencia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que intervenga en la protección de los ciudadanos mexicanos recluidos en dichos centros de detención.
Aunque la Cancillería mantiene las conversaciones con funcionarios estadounidenses como una prioridad, el mensaje es claro: la paciencia diplomática ha llegado a su límite ante una crisis humanitaria que, a ojos de México, requiere justicia penal y rendición de cuentas inmediata.
