PODER & CRÍTICA | REDACCIÓN | La trama de corrupción detrás de la compra de la planta de Agronitrogenados ha dado un giro definitivo que expone la premeditación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Según informes de fuentes federales, el exfuncionario habría orquestado el millonario desfalco desde antes de tomar posesión de su cargo en la petrolera estatal.
El pacto de la traición
Documentos y testimonios revelan que Lozoya Austin, consciente de su futuro nombramiento, selló un acuerdo con Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA). El convenio era claro: Lozoya facilitaría la compra de la planta de fertilizantes en Pajaritos, Veracruz, bajo condiciones altamente favorables para AHMSA, a cambio de un soborno de 3.5 millones de dólares.
La celeridad del acuerdo fue tal que el pago se ejecutó incluso antes de que Lozoya rindiera protesta, operando a través de una transferencia electrónica desde cuentas de Altos Hornos hacia una cuenta en la Unión de Bancos Suizos.
Tochos Holding: La fachada en el paraíso fiscal
Para ocultar el rastro del dinero, la operación se canalizó a través de Tochos Holding Limited, una empresa fachada constituida por Lozoya en las Islas Vírgenes.
La estructura de encubrimiento fue meticulosa:
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Lavado de activos: Lozoya, titular original de los recursos, cedió los derechos de disposición a su hermana, Gilda “N”.
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Uso del botín: Parte de estos fondos fueron transferidos posteriormente a México para adquirir bienes inmuebles, entre ellos, la residencia ubicada en Lomas de Bezares, la cual fue comprada a nombre del exfuncionario utilizando el dinero ilícito del soborno.
Un esquema de impunidad expuesto
Este nuevo nivel de detalle sobre la cronología delictiva de Lozoya confirma que su gestión no fue marcada por errores administrativos, sino por un plan estratégico diseñado para el beneficio personal a costa del erario público. La trazabilidad de los flujos financieros, ahora plenamente documentada, complica severamente la defensa del exdirector y pone en relieve la red de complicidades que permitió el desmantelamiento de la capacidad de Pemex en favor de intereses privados.
La revelación de este «pacto de origen» reabre el debate sobre la responsabilidad de los actores corporativos involucrados y el alcance de la justicia frente a quienes utilizaron las instituciones para su enriquecimiento ilícito.
