La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, exigió este sábado al Gobierno de México que colabore en la entrega del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que enfrente ante la justicia local las acusaciones por peculado, asociación delictuosa y uso ilegal de recursos públicos.
En conferencia desde Palacio de Gobierno, Campos sostuvo que la Fiscalía de Chihuahua cuenta con órdenes de aprehensión vigentes y con evidencia que vincula a Rocha Moya con un presunto desvío de 380 millones de pesos detectado durante su administración. “No pedimos favores, pedimos que se cumpla la ley. Nadie puede estar por encima de ella, menos cuando hay carpetas judicializadas”, declaró.
La mandataria advirtió que la falta de cooperación federal envía “un mensaje de impunidad” que podría afectar la confianza de los socios comerciales, particularmente en el marco del T-MEC. Señaló que inversionistas de Estados Unidos y Canadá han manifestado preocupación por la certeza jurídica en entidades con casos de corrupción no resueltos. “Si no hay Estado de derecho, se pone en riesgo la relocalización de empresas y los empleos que dependen del tratado”, afirmó.
Campos precisó que el gobierno estatal envió tres solicitudes formales a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República para coordinar la localización y entrega del exmandatario, sin recibir respuesta. Añadió que, de mantenerse la omisión, Chihuahua valorará presentar una controversia constitucional y acudir a instancias internacionales de combate a la corrupción.
El gobierno de Sinaloa no ha emitido postura. En abril, Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de “una persecución política”. Por su parte, la Secretaría de Gobernación indicó que revisa la petición y que “toda acción se hará conforme a derecho”.
Organismos empresariales de la frontera respaldaron el llamado de Campos. El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez urgió a “cerrar espacios a la impunidad” para mantener la competitividad de la región en la cadena de suministro de América del Norte.
La gobernadora concluyó que su administración seguirá “tocando todas las puertas” hasta lograr que el caso se procese en Chihuahua. “La ley no es optativa. Si queremos que el T-MEC funcione, México debe demostrar que la justicia funciona”, remató.
