El Congreso de Campeche dio un paso adelante en la protección de los adultos mayores. Avanza una iniciativa que busca crear un esquema permanente de supervisión para asilos y casas de descanso, además de establecer sanciones más severas para quienes incurran en negligencias, maltrato o abandono.
La propuesta, presentada por diputados locales, plantea que la Secretaría de Salud y el DIF estatal realicen inspecciones periódicas y sin previo aviso en los centros que atienden a personas de la tercera edad. El objetivo es verificar condiciones de higiene, alimentación, atención médica y trato digno. Actualmente, muchos de estos espacios operan con poca vigilancia y solo se revisan cuando hay denuncias.
La iniciativa también contempla un registro estatal obligatorio de todos los asilos, públicos y privados. Quienes no cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura y personal capacitado podrían recibir multas económicas, clausura temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de las faltas. Las sanciones serían más altas en casos de omisión de cuidados que pongan en riesgo la vida de los residentes.
Legisladores destacaron que Campeche tiene una población de adultos mayores en crecimiento y que la demanda de estos servicios aumentará en los próximos años. Por eso, insistieron en que el Estado debe garantizar que ningún adulto mayor viva en condiciones de abandono o maltrato institucional.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas mayores respaldaron la propuesta y pidieron que incluya mecanismos para que familiares y vecinos puedan reportar irregularidades de forma anónima. También sugirieron capacitación obligatoria para el personal que trabaja en estos centros.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis y se espera que en las próximas semanas pase a discusión en el Pleno. Si se aprueba, Campeche se sumaría a los pocos estados del país con una ley específica para vigilar y sancionar negligencias en asilos.
El mensaje de los diputados es claro: envejecer con dignidad no puede depender de la buena voluntad de cada centro. Debe ser una obligación del Estado.
