En una sesión relámpago que duró menos de dos minutos, el Senado de Brasil aprobó este martes 2 de junio de 2026 la suspensión definitiva de una normativa que garantizaba el acceso seguro y humanizado al aborto legal para niñas y adolescentes que resultaron embarazadas a causa de una violación.
Dado que la Cámara de Diputados ya había votado en el mismo sentido en noviembre de 2025, el aval de la Cámara Alta consuma la eliminación de estos derechos, por lo que la suspensión entrará en vigor de manera inmediata en cuanto se publique el decreto de promulgación.
¿Qué garantías eliminó el Congreso con esta decisión?
El texto suprimido por los legisladores correspondía a una resolución del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda), organismo vinculado al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. Dicha norma funcionaba como un protocolo de protección integral para las menores de edad y establecía que:
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Autonomía de la víctima: Los familiares o tutores no podían interferir, coaccionar ni anular la voluntad de la menor si ella decidía interrumpir el embarazo.
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Blindaje institucional: Garantizaba asistencia jurídica gratuita, sigilo absoluto en los historiales clínicos y el derecho a ser escuchada por las autoridades sin sufrir nuevas presiones o violencia institucional.
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No revictimización: Obligaba a los sistemas judicial y sanitario a implementar protocolos humanizados para evitar que las niñas fueran interrogadas de manera agresiva o culpabilizadas por el personal médico.
Los argumentos de la mayoría conservadora
La suspensión se concretó mediante una votación simbólica impulsada por el bloque de legisladores de derecha y centroderecha, quienes argumentaron que el Conanda se extralimitó en sus funciones al emitir lineamientos que modifican la operación de la justicia y la salud.
La senadora Damares Alves, relatora del caso y exministra de la Mujer durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), defendió el dictamen señalando que el Conanda no posee facultades constitucionales para «crear derechos» ni para «definir marcos jurídicos adoptados por el Parlamento». En sintonía, la senadora Eudócia Caldas, integrante del Partido Liberal (PL), celebró la medida afirmando de manera directa que tumbar la normativa es una vía efectiva para «no favorecer el aborto» en el país.
Marco legal del aborto en Brasil y la crisis de maternidad infantil
A pesar de este revés normativo, el marco legal general no ha cambiado en su redacción formal, pero ahora carece de protocolos para proteger a las infancias. Actualmente, el Código Penal brasileño estipula que la interrupción del embarazo está permitida únicamente en tres escenarios específicos:
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Cuando el embarazo es resultado de una violación.
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Cuando existe un riesgo real para la vida de la madre.
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En casos de anencefalia o malformación cerebral incompatible con la vida del feto.
Cualquier procedimiento fuera de estas causales está tipificado como delito y sanciona con penas de cárcel tanto a las mujeres como a los médicos que lo ejecuten.
Cifras de alarma en salud pública: El debate legislativo contrasta con la realidad epidemiológica de la nación. Datos oficiales del Ministerio de Salud revelaron que durante el año 2025, cerca de 275,000 bebés nacieron de madres adolescentes.
Lo más crítico del reporte señala que aproximadamente 11,600 de esos nacimientos correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años de edad. Cabe destacar que, de acuerdo con la legislación de Brasil, cualquier relación sexual con menores de 14 años es clasificada automáticamente bajo el delito de violación de persona vulnerable.
