El Gobierno federal arrancó la “Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras” para frenar el embarazo infantil y el matrimonio forzado en 50 municipios con mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones tempranas. La Secretaría de las Mujeres coordina la iniciativa, que se implementará durante 2026 con recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres.
La dependencia sostiene una premisa clara: “el embarazo en niñas de 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual”. En la mayoría de los casos, las menores están vinculadas con hombres mucho mayores. Por ello, la estrategia parte de que “una niña embarazada no decidió por cuenta propia, su estado es producto del abuso”.
La focalización responde a un análisis técnico que ubicó las zonas más críticas. Guerrero encabeza la lista con 11 municipios prioritarios; le siguen Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca con cinco cada uno, mientras que Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz tienen dos. En total, 50 demarcaciones concentran la intervención.
El despliegue territorial incluye nueve tipos de intervenciones: comunitarias, casa por casa, en escuelas, con personal de salud, servidores públicos, madres y padres, niñas y niños, espacios públicos y Centros LIBRE. Promotoras y brigadistas visitarán domicilios para promover derechos sexuales y reproductivos, detectar uniones tempranas y activar rutas de atención a violencia sexual. En escuelas habrá charlas, carteles y guías didácticas; se capacitará a docentes, autoridades y personal de salud para identificar casos y canalizarlos.
Además, se firmará un compromiso público con autoridades municipales para prevenir y atender violencia sexual, embarazo infantil y cohabitación forzada, y se integrarán directorios de servicios para garantizar seguimiento.
La estrategia forma parte de la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, coordinada por Conapo y articulada por 36 entidades públicas, sociedad civil y organismos internacionales. La meta: erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad el embarazo adolescente para 2030.
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, subrayó que el embarazo infantil es “una de las formas más graves de violencia de género” y que la ley está por encima de cualquier costumbre que vulnere la dignidad de las niñas. El IMSS-Bienestar se sumó con la Ruta NAME y más de 11 mil centros de salud para atención integral.
Con diálogo comunitario, sanción al abuso y educación sexual, el Gobierno busca romper el ciclo de violencia y pobreza que condena a miles de niñas a ser madres o esposas antes de los 15 años.
