La Fiscalía General de la República (FGR) respondió que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que la dependencia analizará la documentación recibida el 28 de abril a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para “establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios” y determinar la viabilidad de la petición. “Solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes”, subrayó.
La solicitud estadounidense incluye al gobernador Rocha Moya, al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y a siete mandos de seguridad y policía estatal, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente la facción de Los Chapitos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los acusa de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Tanto la FGR como la SRE coincidieron en que los documentos entregados por la Embajada de http://EE.UU. carecen de pruebas para acreditar responsabilidad penal. “Los documentos que fueron recibidos no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas”, indicó la Cancillería, que además anunció un extrañamiento diplomático por la difusión pública del caso, violando la confidencialidad prevista en el Tratado de Extradición.
La FGR iniciará de forma paralela una investigación propia para “allegarse de toda la información necesaria” y verificar si existen datos de prueba que sustenten órdenes de aprehensión en México. Lara López recordó que la ley mexicana exige pruebas que permitan inferir la probable comisión de un delito y que el tratado bilateral condiciona la entrega a que las evidencias cumplan los requisitos del país requerido.
Por ahora, el proceso queda en revisión jurídica. “Debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente”, concluyó el vocero. La extradición, advirtió, no será automática: sin pruebas, no habrá detenciones.
