El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó dos denuncias penales por daño patrimonial contra exservidores públicos de la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, confirmó la auditora general Delia González Cobos.
Las querellas, interpuestas por el área jurídica del ORFIS, involucran a un Instituto Tecnológico Superior y a un fideicomiso público, aunque la funcionaria evitó dar nombres “para no satanizar” a los señalados antes de que concluya el proceso. Adelantó que hay “más candidatos a ser denunciados” en las próximas semanas.
Durante los seis años del gobierno de García Jiménez, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial por mil 908 millones 190 mil 451 pesos en 22 dependencias estatales, 192 organismos públicos descentralizados y ocho fideicomisos. Solo en la Cuenta Pública 2019 el quebranto alcanzó 279.8 millones, y en 2020 fue de 170.6 millones, según datos expuestos ante el Congreso local.
González Cobos detalló que las dos denuncias derivaron de auditorías que encontraron conductas dolosas, como documentación falsa y obras inconclusas. Recordó que en su gestión el ORFIS ha interpuesto 181 denuncias en total y mantiene abiertas 309 investigaciones por presunto daño patrimonial, con un avance del 83% en expedientes iniciados en años anteriores.
Respecto a obras emblemáticas del sexenio anterior, como el Nido del Halcón en Xalapa y la remodelación del Estadio “Luis Pirata Fuente” en Veracruz-Boca del Río, la auditora precisó que las observaciones se hicieron en la Cuenta Pública 2024 y están en etapa de solventación. “Si no se aclaran, también procederemos”, advirtió.
El ORFIS ha logrado la recuperación de 2 mil 176 millones de pesos mediante reintegros y conclusión de obras tras los señalamientos. Sin embargo, analistas insisten en que la fiscalización debe traducirse en sanciones penales para evitar que los informes “terminen sin consecuencias reales”.
La auditora subrayó que el señalamiento de daño patrimonial no equivale a culpabilidad, pero sí activa responsabilidades que deben llegar ante las instancias de procuración de justicia. “La fiscalización efectiva no se mide solo por lo que se detecta, sino por lo que se castiga y se corrige”, dijo.
Las dos denuncias ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz. Mientras tanto, el ORFIS continúa la revisión de la Cuenta Pública 2024, donde las irregularidades en municipios alcanzaron 2 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con el último balance presentado en Orizaba. edbb90e9
