PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas instruyó a sus agentes a no ingresar a viviendas sin una orden judicial, como parte de un ajuste en su estrategia migratoria ante crecientes críticas por posibles violaciones a derechos civiles.
De acuerdo con reportes difundidos el 23 de abril, la nueva directriz también limita las detenciones dentro de tribunales de inmigración únicamente a personas que cuenten con órdenes de deportación vigentes.
El cambio responde a cuestionamientos sobre operativos anteriores que, según organizaciones civiles, podrían contravenir la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege a las personas contra inspecciones y detenciones sin justificación legal.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señalaron que estas medidas revierten algunas de las prácticas más polémicas implementadas durante la actual política de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Además, las modificaciones surgen tras una ola de críticas generadas por operativos migratorios recientes, incluyendo incidentes que derivaron en víctimas fatales, lo que intensificó el debate sobre el alcance de las acciones del ICE.
Con estas nuevas reglas, el gobierno estadounidense busca equilibrar la aplicación de la ley migratoria con el respeto a garantías constitucionales, en un contexto de alta presión política y social sobre sus políticas de control migratorio.
