PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La disputa legal por la cancelación de la concesión del puerto de Punta Venado, en Playa del Carmen, dio un giro relevante al ser turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por primera vez podría pronunciarse sobre el fondo del caso.
El conflicto involucra a la empresa Calica, que busca recuperar el permiso retirado en 2022, cuando autoridades federales cancelaron la concesión con base en disposiciones de la Ley Aduanera tras presuntos incumplimientos fiscales.
El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo determinó que no cuenta con facultades para declarar la inconstitucionalidad del artículo 144-A, fracción V, de dicha ley, por lo que decidió remitir el expediente al máximo tribunal del país.
El caso ya se encuentra en manos del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien deberá determinar si la Corte admite el recurso de revisión promovido por la empresa.
La controversia se remonta a junio de 2022, cuando Calica interpuso un amparo contra el retiro de la concesión del puerto ubicado en Punta Venado, infraestructura clave para la exportación de material pétreo hacia Estados Unidos.
Sin embargo, en junio de 2023 un juez federal negó el amparo a la empresa, decisión que fue impugnada y que ahora busca ser revisada por la Suprema Corte.
El punto central del litigio radica en la constitucionalidad del artículo que permite a la autoridad retirar concesiones por incumplimientos fiscales. De ser admitido, el caso podría sentar un precedente importante en materia administrativa y regulatoria.
La resolución de la Corte será clave no solo para definir el futuro de la concesión, sino también para establecer criterios sobre el alcance de las facultades del Estado en la revocación de permisos a empresas privadas.
