PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En un acto que ha sido calificado como abierta represalia y persecución sindical, el Ayuntamiento de Puerto Morelos inició esta tarde una ola de despidos contra trabajadores que buscaban afiliarse al Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP), justo una hora y media después de que este sindicato presentara un oficio urgente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.
El documento, firmado por el licenciado Carlos Alejandro Dávila Vázquez, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNSP, denuncia un “clima de hostigamiento, persecución y violencia institucional” por parte de la autoridad municipal y del sindicato oficial de trabajadores del Ayuntamiento, con el claro objetivo de frenar la afiliación de empleados al SNSP.
A pesar de que el SNSP solicitó de inmediato medidas cautelares de protección —entre ellas estabilidad laboral, prohibición de despidos, inmovilidad de adscripción y cese de hostigamiento—, la respuesta del Ayuntamiento no se hizo esperar: comenzó la “cacería”.
Los trabajadores despedidos esta misma tarde son:
Henry Patricio C** C**
Magdalena M** O**
Marian Eugenia B** C**
Andrea Guadalupe M** M**
Alejandra M** de V** B**
María Luisa J** P**
Juana C** A**
Lizbeth Yaqueli E** C**
El oficio del SNSP, presentado esta mañana y sellado por el Tribunal, advierte que el Ayuntamiento y el sindicato oficial están llevando a cabo “coacción de firmas de desafiliación y terrorismo sindical” para evitar que los trabajadores ejerzan su derecho constitucional a elegir libremente su representación sindical.
“Se solicita el dictado inmediato de las siguientes medidas: estabilidad laboral, orden de no cese, rescisión de nombramiento ni retención salarial… cese de hostigamiento… apercibimiento a la patronal para detener la coacción de firmas de desafiliación y el terrorismo sindical”, señala textualmente el escrito.
Posibles sanciones al Ayuntamiento y a la Presidenta Municipal
Expertos consultados advierten que estos hechos podrían derivar en graves consecuencias legales tanto para el Ayuntamiento de Puerto Morelos como para la Presidenta Municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, en su carácter de titular del Ejecutivo municipal y responsable de la administración del personal.
Entre las posibles sanciones destacan:
Violación al derecho de libre sindicalización: El despido por motivo de afiliación sindical constituye una clara transgresión al artículo 123, apartado B, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de los trabajadores al servicio del Estado a asociarse para la defensa de sus intereses comunes.
Despido injustificado y represalia: De acuerdo con la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, los despidos sin causa justificada obligan a la reinstalación y al pago de salarios caídos. Además, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje puede imponer multas al Ayuntamiento de hasta 500 salarios mínimos por incumplimiento de sus determinaciones.
Actos de injerencia e interferencia sindical: La coacción para impedir la afiliación a un sindicato de elección viola disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional), que prohíbe cualquier acto de injerencia por parte de servidores públicos. Estas conductas se consideran faltas administrativas graves y pueden ser sancionadas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con posibles suspensiones, multas elevadas, destitución e inhabilitación.
Responsabilidad de la Presidenta Municipal: Como máxima autoridad del Ayuntamiento, Blanca Merari Tziu Muñoz podría enfrentar responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales si se demuestra que los despidos forman parte de una política deliberada de hostigamiento. En caso de configurarse delitos como coacción o discriminación laboral, podrían aplicarse sanciones del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que castiga conductas que restrinjan derechos laborales por razones discriminatorias.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Puerto Morelos no ha emitido ninguna declaración oficial sobre los despidos ni sobre la demanda de medidas cautelares. Fuentes cercanas al SNSP aseguraron que estos ceses forman parte de una estrategia sistemática para “amedrentar” a la base trabajadora y desincentivar su incorporación al sindicato nacional.
Organizaciones defensoras de los derechos laborales en Quintana Roo ya han calificado los hechos como una violación flagrante al derecho de libre sindicalización y han anunciado que seguirán de cerca el caso ante las instancias correspondientes, incluyendo posibles denuncias ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública.
Este nuevo episodio pone en evidencia la tensión que existe en Puerto Morelos entre la administración municipal y los trabajadores que intentan romper con el control del sindicato oficial para afiliarse al SNSP.
