PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, encabezado por la Presidenta Municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, ha decidido que ignorar la Constitución es su nueva política laboral. Hace 48 días, el Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP) solicitó formalmente diálogo, reconocimiento y espacios para ejercer nuestra legítima libertad sindical. Su respuesta institucional ha sido esconderse en el más absoluto silencio administrativo.
Alguien en el círculo cercano de la Presidenta Municipal le está mintiendo. Sus asesores jurídicos parecen sufrir de una profunda ignorancia burocrática al hacerle creer que aplicar la táctica del avestruz —ignorar los oficios y no contestar— la protege legalmente. Creen, equivocadamente, que el silencio desgasta a los trabajadores y hace que los problemas desaparezcan. Se equivocan. Esa pésima asesoría le va a salir muy cara a su administración.
El silencio del Ayuntamiento de Puerto Morelos no es un simple «retraso de ventanilla» o un «traspapeleo»; es un acto flagrante y deliberado de censura institucional. Al negarse sistemáticamente a emitir un acuerdo sobre la habilitación de canales de comunicación y espacios para la afiliación, la autoridad municipal pisotea el Derecho de Petición consagrado en el Artículo 8° Constitucional y asfixia la Libertad de Asociación protegida por los Artículos 9° y 123°.
Pero la negligencia jurídica de esta administración va más allá de nuestras fronteras. Con esta omisión, Puerto Morelos está violando abiertamente los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —tratados internacionales firmados por México que tienen rango constitucional—. Estos convenios prohíben estrictamente a los gobiernos cualquier tipo de injerencia, por acción o por omisión, que tienda a limitar o entorpecer el derecho de los trabajadores a organizarse y afiliarse libremente. La «congeladora administrativa» es hoy su herramienta de injerencia ilícita.
Peor aún, esta censura no es un accidente de un solo funcionario; es producto de una maquinaria de encubrimiento. Tanto la Oficialía Mayor como el propio Órgano Interno de Control (OIC) tienen pleno conocimiento de esta parálisis desde el día uno y han decidido guardar un silencio cómplice. Quienes deberían vigilar la legalidad municipal se han convertido en copartícipes de esta falta administrativa y del bloqueo sistemático a los derechos de la base trabajadora.
Ignorar un documento no frena la voluntad de un gremio. El Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP) no ruega por sus derechos; los exige con la Constitución en la mano. Si la autoridad municipal y sus asesores decidieron que no nos quieren escuchar por la vía del respeto institucional y el diálogo, ahora tendrán que explicarle su silencio y negligencia a un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
A la base trabajadora de Puerto Morelos: el silencio de las autoridades es únicamente una muestra del terror que le tienen a que ustedes se organicen. No tengan miedo. El SNSP está aquí para defenderlos frente al abuso, la ignorancia y la censura.
