PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Gobiernos locales y organizaciones civiles expresaron su rechazo al plan del presidente Donald Trump para adquirir depósitos y almacenes en al menos 20 ciudades de Estados Unidos y convertirlos en centros de detención de migrantes con fines de deportación.
La iniciativa forma parte del llamado “grande y hermoso proyecto de ley” impulsado por Trump, que contempla un presupuesto de 38 mil 300 millones de dólares. Bajo este esquema, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desarrollan un nuevo modelo migratorio denominado Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI).
Preocupación en comunidades locales
Uno de los casos más polémicos es el de Surprise, donde el DHS prevé habilitar un almacén con capacidad para 1,500 migrantes. El alcalde Kevin Sartor señaló que cientos de residentes acudieron al Concejo Municipal para manifestar su preocupación por el impacto en los servicios públicos, la seguridad escolar y el valor de las propiedades.
“No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona”, afirmó el edil.
La directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, Isabel García, advirtió que se trata de almacenes sin condiciones claras de habitabilidad y recordó el historial de ICE en el estado, donde más de una docena de migrantes han muerto en años recientes en el Centro de Detención de Eloy.
Estados y legisladores alzan la voz
En Arizona, la fiscal estatal Kris Mayes y la congresista Adelita Grijalva enviaron una carta a ICE exigiendo información detallada sobre la compra del almacén en Surprise.
En New Hampshire, la gobernadora Kelly Ayotte difundió un documento del DHS que confirma la intención de implementar la DRI para septiembre, incluyendo la compra de un almacén en Merrimack, presentado por el gobierno federal como un proyecto con “beneficios económicos”.
El plan del DHS contempla:
-
La adquisición y renovación de 8 grandes centros de detención
-
16 sitios de procesamiento
-
10 instalaciones “llave en mano”, utilizando espacios no tradicionales
Avances y resistencias en otros estados
La iniciativa también avanza en Florida, Texas y Maryland. En Orlando, el alcalde Buddy Dyer reconoció que el municipio tiene poca capacidad legal para frenar un centro federal, mientras que los congresistas Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS para oponerse firmemente al proyecto.
En Texas, tras semanas de presión social, una inmobiliaria rechazó vender un almacén cerca de Dallas que sería convertido en el mayor centro de detención del país, con capacidad para más de 9,000 migrantes. Sin embargo, el Gobierno federal sí logró adquirir otro almacén en El Paso, con capacidad para 8,500 personas, según medios locales.
Organizaciones civiles advierten que este modelo acentúa la criminalización de la migración, carece de transparencia y pone en riesgo los derechos humanos, mientras comunidades locales continúan organizándose para frenar la expansión de estos centros.
