PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | A cada santo se les llega su día y la corrupción de Lorenzo Bernabé Miranda Miranda era insostenible en el Ayuntamiento de Tulum, por lo que el alcalde Diego Castañón Trejo, lo despidió de la dirección de Desarrollo Urbano Territorial Sustentable, principalmente por su implicación en la emisión de licencias de construcción sin contar con estudios ambientales ni dictámenes de Protección Civil.
Un factor determinante fue el fallo judicial relacionado con el amparo 952/2024, mediante el cual un juez federal anuló la licencia otorgada al complejo turístico “MAIIM” en Bahía Solimán y ordenó su demolición. La resolución reveló graves irregularidades en el proceso de autorización, Castañón Trejo ha dicho que “no se toleran fraudes ni el mal uso del servicio público”.
De acuerdo con la Contraloría Municipal, durante la gestión de Miranda se detectaron firmas falsificadas, alteración en los datos de densidad autorizada y omisión de cobros oficiales en al menos una decena de permisos de construcción, particularmente en zonas costeras de alta sensibilidad ambiental.
Tras ser cesado Lorenzo Miranda publicó en sus redes sociales que su salida del Ayuntamiento de Tulum no obedece a razones administrativas, sino a una represalia política y acusó que fue por haber asumido la coordinación municipal del movimiento “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación”, estructura que impulsa la agenda nacional de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y no por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y las múltiples demandas que lo tiene a un paso de la cárcel.
Por más que quiso desviar la atención de que había sido corrido por corrupto y señalar que era ‘un mensaje intimidatorio dirigido a la militancia y a las bases que han trabajado territorialmente por el proyecto de nación en el noveno municipio’, las organizaciones civiles y ambientalistas festinaron su destitución pues el principal ecocida del municipio.
La orden de un juez para demoler un millonario complejo de departamentos en bahía Solimán evidenció en su momento la corrupción y la impunidad que tenía Lorenzo Miranda y quien desde los tiempos de Marciano Dzul Caamal, había estructurado una red de tráfico de influencias autorizando ilegalmente permisos y licencias de construcción a cambio de moches y departamentos en los desarrollos.
Las exigencias de empresario y desarrolladores que fueron víctimas de las extorsiones y la venta de permisos apócrifos por Miranda Miranda de que fuera llevado a juicio por fraude genérico, están cobrando vigencia ahora que ya no está en la administración municipal y ya no podrá chantajear con clausuras a los desarrolladores.
La petición de cárcel para Miranda Miranda por actos probados de corrupción arreció con la sentencia del Juzgado Quinto Federal quien ordena la restauración del sitio “a como se encontraba”, pues la bahía Soliman, de un ecosistema de anidación de tortugas.
La empresa coludida con el ahora desempleado, es Promotora de Incentivos México quien desarrolló dos edificios sin tener ni un solo permiso para construir estafando a los inversores en su mayoría extranjeros, los desarrolladores pensaron que la protección del funcionario municipal estaría por encimas de las leyes estatales y federales.
La construcción de esos 30 departamentos de lujo en total arbitrariedad e impunidad dejó en claro que muchos de los desarrolladores en Tulum, operaban con el mismo esquema, inician construcciones sin permiso, Bernabé Miranda les otorga las facilidades a cambio de cifras millonarias o pagos en especie, e inclusive sirve como mediador con las autoridades federales en círculo de corrupción estatal que involucra a varios funcionarios, que hoy ponen sus barbas a remojar.
Los desarrollos Adamar y Maiim, en bahía Solimán construyeron sin permisos e incluso violando las clausuras y sentencias previas para detener la construcción, todo con la protección municipal de Miranda Miranda.
Fue la presidenta de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez, quien confirmó la sentencia para que el lugar regrese a como estaba, es decir, deberá ser demolido el edificio construido por la corrupción de Bernabé Miranda.
La sentencia es clara y en una de sus partes fundamentales dice, según el Artículo 551. “A la solicitud de la Licencia de Construcción, se deberá acompañar una serie de documentos de acuerdo al Formato de Requisitos establecido por la Dirección, REQUISITOS: 16) Copia del Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su caso. 17) Copia del Dictamen de Impacto Ambiental o de Impacto y Riesgo Ambiental, en su caso…” Nada de ello existía al momento de comenzar la construcción. Por lo tanto, la expedida de manera extemporánea fue revocada.
La sentencia subraya: “en contravención a la legislación municipal y estatal en cita, pues se emitieron sin que existiera previamente una autorización en materia de impacto ambiental en materia federal por tratarse de un proyecto inmobiliario en ambientes costeros, como prevé el artículo 28, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.
Cuando ya estaba casi terminado el edificio, el 11 de julio de dos mil veinticuatro, fue cuando el tercero interesado (la empresa) ingresó el proyecto de evaluación de impacto ambiental ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para su autorización.
La corrupción de Miranda Miranda quedó evidente cuando en julio del año pasado junto a su hermano inauguraron la Plaza de Toros “La Perla de San Daniel”, ubicada en el kilómetro 72.5 de la carretera del Golfo (180) entre Kantunil y Holcá, en el vecino estado de Yucatán, Bernabé Antonio y Lorenzo Bernabé decidieron invertir sus ganancias como funcionarios públicos de Tulum, en un rancho y una plaza que tiene un costo aproximado de cinco millones de pesos.
