PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz y trasladado a instalaciones policiales, en medio de una presunta investigación por corrupción. La noticia fue confirmada por su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien acudió a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para solicitar información oficial.
Prada relató a los medios que el exmandatario fue interceptado sin previo aviso. “Estaba solo, lo subieron a un minibús con vidrios polarizados”, declaró, señalando que Arce no recibió notificación previa ni fue citado formalmente a declarar.
Posibles motivos de la detención
Aunque no existe un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno, la Fiscalía o la Policía, medios locales señalan que la detención podría estar relacionada con una investigación por presuntas irregularidades en el Fondo de Desarrollo Indígena, periodo en el que Arce se desempeñaba como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Arce también enfrenta otra denuncia, interpuesta por una exfuncionaria que lo acusa de haberla embarazado y posteriormente abandonado, aunque hasta ahora no se ha confirmado si alguno de estos expedientes motivó la aprehensión.
Prada denuncia abuso y exige claridad
La exministra insistió en que el expresidente ya había entregado los documentos necesarios relacionados con el caso Fondo Indígena cuando aún era ministro. Recordó además que, por ley, a un exjefe de Estado le corresponde un juicio de responsabilidades, por lo que cuestionó el procedimiento implementado.
“Se ha cometido un abuso completo”, afirmó Prada, al destacar que Arce no fue notificado y que su detención se realizó sin fundamentos claros.
Un contexto político tenso
Luis Arce terminó su mandato el 8 de noviembre de este año, cuando asumió la presidencia el centrista Rodrigo Paz Pereira. Antes de concluir su gestión, Arce aseguró que permanecería en el país para continuar enseñando en la universidad y enfrentar cualquier proceso pendiente.
Desde 2020, una ley exige que las altas autoridades permanezcan en Bolivia al menos tres meses tras dejar el cargo, con el objetivo de garantizar que rindan los informes necesarios y evitar posibles actos de impunidad.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha ofrecido una versión oficial sobre la detención, dejando la situación en un clima de incertidumbre y tensión política.
