PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se comprometió en su campaña a garantizar la protección y el apoyo a los doce colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que operan en el estado. Meses después de asumir el cargo, los grupos denuncian que la promesa sigue sin materializarse: no se ha instalado la mesa de diálogo permanente, ni se ha asignado presupuesto para la seguridad de las madres buscadoras. Organizaciones como Amnistía Internacional señalan que Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en número de colectivos, pero la respuesta estatal ha sido escasa. Familiares exigen una reunión inmediata y la creación de un mecanismo de protección efectivo. Hasta ahora, la ausencia de respuestas ha intensificado desconfianza y el sufrimiento de las familias.
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