PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, sigue en el ojo del huracán, cada que hace un anuncio, cada que sube un post a sus redes sociales, los yucatecos le recuerdan el saqueo que hizo cuando fue mandataria, el despilfarro de los recursos del pueblo, las obras inconclusas y sus fastuosas fiestas y el nepotismo que caracterizo su administración.
Este semana que lanzó acusaciones contra el Morena y los millones que ha recibido como partido le revivieron ya acusaron de autovender los terrenos donde se construyó el ‘Gran Museo de la Cultura Maya’.
El proyecto, en parte se planeó a espaldas de los ciudadanos, el costo pasó de 411 millones de pesos que originalmente se dijeron, a 4 mil 600 millones de pesos y anomalías en su momento señaladas en medios locales como entregar la obra civil a uno de sus empresarios cercanos.
De acuerdo con la información difundida por el sitio Mayaleaks, el recinto ubicado en la calle 60, de la colonia Revolución, a un costado oriente del Centro de Convenciones Siglo XXI, era parte del gobierno estatal desde 1999.
Víctor Cervera Pacheco, gobernador en ese entonces, entregó el inmueble en usufructo al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur) que dirigía Jorge Esma Bazán, por un plazo de 20 años.
No obstante, en 2009, la administración de Ortega tramitó un crédito por mil 87 millones de pesos, de lo que 110 entregó a Cultur para que esa dependencia adquiriera el terreno al museo.
Ante el notario José Eduardo Navarrete Herrera se concluyó la operación el 30 de agosto de 2010. Para Mayaleaks, se trató de un «acto perfecto» de «blanqueo» de recursos, porque los 110 millones entraron a Cultur como crédito «y salieron como dinero ‘cash’ para el Ejecutivo, que los destinó a gastos de libre disposición».
Como justificación de la compra del terreno, detalla el mencionado medio, la titular de Cultur, Esma Bazán, declaró el 15 de abril de 2011 que la operación se hizo por petición del inversionista, quien no quería que el terreno estuviera a nombre del gobierno del Estado.
En tanto, el concurso para adjudicar el contrato, bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), se realizó hasta junio de 2011, por lo que se sospechó que el concurso estuvo arreglado a favor de dos empresas del Grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon.
Por el costo total del proyecto del Gran Museo, la empresa requirió de un préstamo para comenzar los trabajos, por 97 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo, en tanto que el resto lo financió el banco Interacciones, que también pertenece a la familia Hank.
Las empresas contratistas que ganaron la licitación y relacionadas al Grupo Hermes son Promotora de Cultura Yaxché, SA de CV y Compañía Constructora La Peninsular. Las dos, así como una tercera subcontratada, que era Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, se encargaron de construir y equipar toda la obra.
Ese fue un breve recuento de un saqueo en su administración donde los escándalos, su amistad con artistas, el dejar que los funcionarios hicieran lo que se les pegara la gana y que los hizo nuevos millonarios fueron sin duda años turbulentos, donde la palabra corrupción se posicionó como nunca en la entidad.
Obras inconclusas como el Hospital de Ticul, el elefante blanco que costó cientos de millones de pesos como el Gran Museo del Mundo Maya. Y no se debe olvidar el tema del Isstey, donde precisamente durante su período gubernamental se ordenó que las mujeres tenían que trabajar 30 años para poderse jubilar.
Con ella, el Estado sufrió una baja considerable en sus finanzas, quedó a deber mil 938 millones de pesos a las arcas hacendarias de Yucatán, hecho que nadie ha cuestionado y por lo cual, se convirtió en una de las mujeres más ricas de la Península.
El pueblo no olvida que Ivonne Ortega dejó una enorme deuda pública, obras inconclusas, promesas no cumplidas, obras inexistentes y que fue acusada del desvío de recursos, manejos irregulares, nepotismo y como si no fuera suficiente, dejó a Yucatán con una deuda pública de más de mil 900 millones de pesos.
Cuando Ortega Pacheco recibió el control del Estado de manos de Patricio Patrón Laviada, la deuda pública era de apenas 300 millones de pesos y ella la aumentó junto a Rolando Zapata Bello, llegando a 7 mil 3 millones 390 mil 970 pesos.
Entre las obras infladas e inconclusas que dejó en su momento, figuró la construcción del Hospital de Tekax, cuya puesta en marcha tendría que esperar casi cinco años después de concluir su gestión, pero además del despilfarro de millones de pesos, Ivonne dispuso discrecionalmente de decenas de plazas de médicos y enfermeras previstas para dicho nosocomio.
Los yucatecos no olvidan sus “informes ciudadanos” que fueron verdaderas fiestas en las que Ivonne no escatimó gastos para lucir los mejores vestidos y mostrarse como una reina, como una gran anfitriona ante sus invitados, siempre celebridades y políticos de muy alto nivel como Galilea Montijo, Edith González, Roxana Castellanos, Silvia Pinal, Carmen Salinas, Vicente Fox y Martha Sahagún, Wendy Braga, Roberto Hernández Ramírez, Manlio Fabio Beltrones y líderes sindicales como Marco Antonio Bernal y Víctor Flores, además de gobernadores del PRI y funcionarios del gabinete presidencial.
Con millones del Erario, otorgó apoyo publicitario a TV Azteca y Televisa, lo que le valió tener espacios en dichos medios para presumir sus logros. Su debilidad por los festejos, los políticos y la farándula, resultaron evidentes cuando trascendió que por encargo de la entonces Gobernadora, Televisa habría cobrado a Yucatán 10 millones de dólares (180 millones de pesos) por un promocional con motivo del Bicentenario.
Con la publicación en contra de Morena en las redes se lee: “Ivonne Ortega Pacheco dio cátedra de incongruencia, pues subió a la máxima tribuna de México para condenar el nepotismo, pero ella a lo largo de su vida ha colocado a su familia en cargos públicos, y hoy daremos nombres.
“De entrada, hay que recordar que haber sido sobrina de Víctor Cervera Pacheco le abrió muchísimas puertas, pues fue alcaldesa de Dzemul, diputada local, federal, senadora y gobernadora gracias a ese parentesco.
“Fíjense bien: cuando fue mandataria estatal su cuñado Cornelio Aguilar Puc y su primo Felipe Cervera Hernández eran legisladores estatales. También debemos precisar que su hermana Guadalupe fue presidenta del DIF estatal con sueldo, algo que nunca había ocurrido porque las presidentas de los sistemas DIF son honorarias.
Asimismo, colocó a su primo Víctor Cervera (hermano de Felipe) en el gobierno del estado. De igual forma, en el 2010 impuso a su cuñado Cornelio como funcionario en el Ayuntamiento de Mérida y a su primo Álvaro Lara Pacheco como regidor, cuando Angélica Araujo fue alcaldesa de la capital yucateca.
“El caso de Álvaro Lara fue muy “curioso”, porqué empezó como un edil del montón, luego se convirtió en secretario de la Comuna y al final de la administración fue alcalde de Mérida.
“El grado de cinismo de Ivonne Ortega era tan grande que había eventos encabezados por ella como gobernadora y su primo como presidente municipal.
En el 2012 convirtió a su hermana Lupita en legisladora federal plurinominal del PRI.
“Y más recientemente movió sus palancas al interior de Movimiento Ciudadano para regalarle una diputación local plurinominal a su novio Javier Osante Solís.
“Y teniendo todos esos antecedentes pasó a la tribuna de la Cámara Baja para criticar el nepotismo, cuando ella ha conseguido cargos públicos a toda su familia”, certero y veraces los comentarios.
Ahora también se conoce que cuando fue gobernadora construyó un ‘elefante blanco’ para la Fiscalía General del Estado, que le ha costado a los yucatecos poco más de 140 millones de pesos.
Se trata de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), que fue creada en el 2009, la unidad, cuya función es la investigación, combate y prevención del secuestro, se localiza en la zona oriente del Complejo de Seguridad de Yucatán. Al año se sabe, tiene un costo promedio de operación de unos 10 millones de pesos, entre sueldos, gastos operativos y de mantenimiento, aunque tiene nulas funciones.
Desde su construcción la Unidad causó mucha polémica y se advertía que sería una inversión inútil, debido a las bajas tasas de secuestro, que es de dos en los últimos 20 años.
