Poder y Crítica | Redacción | A 24 horas haber estallado el escándalo tras la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún que resolvió el juicio de amparo 952/2024 promovido por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), y que anuló la licencia de construcción del complejo inmobiliario “Maiim”, ubicado en Bahía Solimán, ordenando su demolición al no cumplir con los requisitos legales establecidos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el director de Desarrollo Urbano, Lorenzo Bernabé Miranda Miranda se encuentra desaparecido y ni no responde a llamadas de los integrantes del Cabildo que ya tienen lista su renuncia ante tanta corrupción.
A raíz de este fallo judicial ya trascendió que Bernabé Miranda, falsificó firmas y manipuló permisos relacionados con la sobre densificación, y además realizó cobros y derechos en al menos 10 licencias expedidas en similitud con la de Bahía Solimán donde existen dos complejos más impugnados por la misma organización.
Diversas organizaciones ambientalistas celebraron la destitución, aunque advirtieron que la vigilancia ciudadana apenas comienza. DMAS exigió que se restauren los ecosistemas afectados y se actualice de manera urgente el Programa de Desarrollo Urbano, a fin de prevenir nuevos casos de urbanización ilegal en zonas de alta sensibilidad ecológica.
El caso “Maiim” expone una práctica recurrente: la construcción sin permisos, con la expectativa de una regularización posterior. Así lo señaló DMAS, que ha documentado otros desarrollos similares como “Adamar”, también en Bahía de Solimán.
La resolución judicial representa un precedente en materia de justicia ambiental en Quintana Roo. Al tiempo que avanza el proceso de demolición y restauración, la administración municipal queda bajo estricta observación, en medio de crecientes exigencias por un desarrollo urbano responsable que garantice la protección del patrimonio natural de Tulum.
Bernabé Miranda ya había sido denunciado en la ‘mañanera del pueblo’, motivo por el cual la Presidenta de México, giró instrucciones a las dependencias relacionadas con el medio ambiente y economía para que investigaran los señalamientos por presunta corrupción en contra de las autoridades de Tulum por traficar permisos para beneficiar a un empresario gasolinero.
La orden del juez para demoler el millonario complejo de departamentos en bahía Solimán evidencia la corrupción y la impunidad con la que despacha Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, quien se encuentra inamovible desde los tiempos de Marciano Dzul Caamal, autorizando ilegalmente permisos y licencias de construcción a cambio de moches y departamentos en los desarrollos.
Ante las exigencias de empresario y desarrolladores que han sido víctimas de las extorsiones y la venta de permisos apócrifos, para que Bernabé Miranda sea destituido de su cargo y llevado a juicio por fraude genérico, la administración municipal colocó a Ramiro Castañón para que sea quien opere todo los trámites, permisos, licencias y moches en Desarrollo Urbano.
