Poder y Crítica | Redacción | La orden de un juez para demoler un millonario complejo de departamentos en bahía Solimán evidencia la corrupción y la impunidad que campean en la Dirección de Desarrollo Urbano, donde despacha Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, quien se encuentra inamovible desde los tiempos de Marciano Dzul Caamal, autorizando ilegalmente permisos y licencias de construcción a cambio de moches y departamentos en los desarrollos.
Ante las exigencias de empresario y desarrolladores que han sido víctimas de las extorsiones y la venta de permisos apócrifos, para que Bernabé Miranda sea destituido de su cargo y llevado a juicio por fraude genérico, la administración municipal colocó a Ramiro Castañón para que sea quien opere todo los trámites, permisos, licencias y moches en Desarrollo Urbano.
La petición de cárcel para Miranda Miranda por actos probados de corrupción arreció con la sentencia del Juzgado Quinto Federal quien ordena la restauración del sitio “a como se encontraba”, pues la bahía Soliman, de un ecosistema de anidación de tortugas.
La empresa defraudadora y protegida por Bernabé Miranda es Promotora de Incentivos México quien desarrolló dos edificios sin tener ni un solo permiso para construir estafando a los inversores en su mayoría extranjeros, los desarrolladores pensaron que la protección del funcionario municipal estaría por encimas de las leyes estatales y federales.
La construcción de esos 30 departamentos de lujo en total arbitrariedad e impunidad dejó en claro que muchos de los desarrolladores en Tulum, operan con el mismo esquema, inician construcciones sin permiso, Bernabé Miranda les otorga las facilidades a cambio de cifras millonarias o pagos en especie, e inclusive sirve como mediador con las autoridades federales en círculo de corrupción estatal que involucra a varios funcionarios, que hoy ponen sus barbas a remojar.
La entrega de licencias de construcción, que la otorga Lorenzo Bernabé Miranda Miranda son una mina de oro que ha operado desde los tiempos de Marciano Dzemul, ya que para poner el primer ladrillo en una obra (más aún en una zona protegida y vulnerable) es necesaria la acreditación de la Manifestación de Impacto Ambiental, que la otorga en este caso la federación.
No es un requisito menor. Y antes de construir, desde luego, se requiere que la Sedetus expida una constancia de Congruencia Urbanística Estatal que al menos en los desarrollos Adamar y Maiim, en bahía Solimán construyeron sin permisos e incluso violando las clausuras y sentencias previas para detener la construcción, todo con la protección municipal de Miranda Miranda.
Fue la presidenta de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez, quien confirmó la sentencia para que el lugar regrese a como estaba, es decir, deberá ser demolido el edificio construido por la corrupción de Bernabé Miranda.
La sentencia es clara y en una de sus partes fundamentales dice, según el Artículo 551. “A la solicitud de la Licencia de Construcción, se deberá acompañar una serie de documentos de acuerdo al Formato de Requisitos establecido por la Dirección, REQUISITOS: 16) Copia del Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su caso. 17) Copia del Dictamen de Impacto Ambiental o de Impacto y Riesgo Ambiental, en su caso…” Nada de ello existía al momento de comenzar la construcción. Por lo tanto, la expedida de manera extemporánea fue revocada.
La sentencia subraya: “en contravención a la legislación municipal y estatal en cita, pues se emitieron sin que existiera previamente una autorización en materia de impacto ambiental en materia federal por tratarse de un proyecto inmobiliario en ambientes costeros, como prevé el artículo 28, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.
Cuando ya estaba casi terminado el edificio, el 11 de julio de dos mil veinticuatro, fue cuando el tercero interesado (la empresa) ingresó el proyecto de evaluación de impacto ambiental ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para su autorización.
Los dos edificios que serán demolidos, no son suficientes para correr al corrupto de Bernabé Miranda, ‘más vale un corrupto conocido que por conocer’ sería el refrán en la administración municipal que ya le metió una cuña del mismo palo, ahora Ramiro Castañón será quien de la cara y recolecté los moches de esa Secretaría.
