Poder y Crítica | Redacción | Jorge Martín Álvarez, concubino de la presidenta municipal, Teresa Atenea Gómez Ricalde también figura en el esquema de corrupción en la administración municipal donde tienen como cabeza operativa a la presidenta honoraria del DIF Municipal, Alicia «Licha» Ricalde quien está empeñada en llegar nuevamente a la alcaldía de la isla, que su hija sea Diputada Federal y que el yerno consentido siga operando como el junior de los ‘moches’, contando con la asesoría de su padre Miguel Ramón Martín Azueta quien anda a salto de mata con un amparo en la mano para no terminar en la cárcel.
El ‘Primer Caballero’ de la Isla y segundo esposo de la alcaldesa quien se dice politólogo, es acusado de operar todo lo ilegal que se realiza en la administración de la isla, el «Junior de los moches», de las comisiones, de las ‘cooperaciones’; por sus manos pasan todos los permisos de construcción, principalmente en la zona continental, como el permiso que presuntamente habría otorgado a cambio de un millonario embute para poder construir en una zona de manglar en la zona continental cercano a Puerto Juárez.
En las redes sociales se comenta que en las inmediaciones de Cancún, específicamente junto al área conocida como las cabañas del «Meco», ha surgido una preocupante denuncia ambiental. Según fuentes, una construcción de oficinas ha sido levantada en un terreno donde previamente existía un manglar y que no habría sido obstáculo ante la gestoría del joven Martín Álvarez, y el manglar, un ecosistema vital para la fauna y flora de la región, fue presuntamente devastado para dar paso a esta obra, lo que representa una violación grave a las leyes ambientales que protegen estas zonas en México; ahora opera en ese lugar las oficina, de la empresa o desarrollo “Sha”, lo que ha encendido las alarmas entre activistas, vecinos y organizaciones ambientales.
Otra grave acusación contra el concubino consentido es el manejo de Tránsito y Policía, sobre todo en los presuntos cobros de cuotas a los elementos que hacen de las revisiones de rutinas, los permisos de carga, ya que cada camión que ingresa a la isla tienen que portar un permisos especial el cual no todo lo portan, por ello las «mordidas» van de los 2 mil a los 4 mil pesos que terminan en su mayor parte en las bolsas del matrimonio real de la isla.
Los sobornos y la corrupción en la zona continental de Isla Mujeres provocaron que el crimen organizado se apoderara de esa zona que en días recientes provocó un violento enfrentamiento entre policías ministeriales y delincuentes en el Hotel Riu, ubicado en la zona de Isla Blanca, desatando el caos entre los turistas nacionales y extranjeros que disfrutaban de su estancia. Hombres armados abrieron fuego contra los agentes en las inmediaciones del hotel, lo que provocó que huéspedes y trabajadores entraran en pánico. Muchos salieron corriendo, mientras otros se refugiaban en los pasillos y habitaciones, temiendo por sus vidas.
El resultado del enfrentamiento fue un delincuente abatido, otro detenido y el aseguramiento de armas de fuego, una de ellas de uso exclusivo del Ejército. En la isla se preguntaban cómo es posible que estos criminales operen libremente dentro de un hotel sin que las autoridades municipales hicieran algo. La respuesta parece clara: la corrupción en el gobierno de Atenea Gómez Ricalde permite que grupos delictivos actúen con total impunidad en Isla Mujeres.
La corrupción y el abuso de poder dentro del gobierno de Atenea Gómez y el poder de su marido quedaron al descubierto con la detención de Darinel Morales Morales, director de Tránsito y Vialidad de Isla Mujeres.
A principios de enero, Morales Morales fue arrestado en la Supermanzana 237 tras ser sorprendido realizando disparos con su arma de cargo mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hecho generó pánico entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades ante el peligro inminente de un funcionario fuera de control.
Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. En un intento desesperado por protegerlo, el subdirector de la Policía Municipal de Isla Mujeres con el respaldo de Jorge Martín Álvarez, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para recuperar tanto al detenido como el arma utilizada en el incidente. Esta maniobra deja en evidencia la red de complicidad y encubrimiento que opera dentro del gobierno municipal, donde los altos mandos se protegen entre sí en lugar de velar por la seguridad de los ciudadanos.
Darinel Morales Morales enfrenta acusaciones por su conducta irresponsable, sino que también fue señalado por manejar operaciones ilícitas dentro de la administración pública. Testimonios indican que encabeza el negocio ilegal relacionado con la venta de permisos para que camiones de más de tres toneladas crucen hacia Isla Mujeres, estableciendo un filtro discrecional antes del ferry.
Además, se ha revelado su vinculación con un esquema previamente manejado por Lourdes Espín, donde se exigían pagos de hasta 100 mil pesos mensuales a los vendedores de las playas a cambio de permitirles trabajar. Dentro de estos comerciantes, se encuentran presuntos vendedores de drogas, quienes operan con total impunidad gracias a la protección de funcionarios corruptos.
A pesar de la gravedad del caso, la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde y su marido optaron por proteger callar y evitar cualquier pronunciamiento oficial sobre dicho tema.
Cuando Jorge Martín Álvarez renunció como delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en Isla Mujeres, parta presentar un proyecto “para enriquecer la participación y democracia en Quintana Roo”, fue un pretexto por su salida plagada de actos de corrupción que no le perdonó el ex gobernador Carlos Joaquín González, quien ya traía serias diferencias con su padre
A mediados del año pasado se conoció que el padre de Jorge Martín Álvarez; Miguel Ramón Martín Azueta, quien fue funcionario en la pasada administración estatal, ganó una suspensión contra orden de detención, medida provisional que le duró hasta el 14 de noviembre del 2024.
De acuerdo con el expediente 1106/2024 de amparo indirecto que resuelve el Juzgado Quinto de Distrito, esta suspensión también le permitía al político acceder a la carpeta de investigación integrada en su contra “La suspensión se concede para que en ningún caso sea detenida, con independencia a que el delito cuya comisión se le imputa sea grave, o bien, merecedor de prisión preventiva”, se lee en el acuerdo dictado el miércoles por el juzgado federal.
Miguel Ramón Martín Azueta fue presidente municipal de Solidaridad de 1999 a 2002. Ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública de Quintana Roo. De septiembre de 2016 a enero de 2018 fue jefe del Despacho del exgobernador Carlos Joaquín González, según información oficial.
Con el triunfo de Carlos Joaquín, Miguel Ramón parecía que volvería a los primeros planos. Operó favorablemente en las semanas previas a la toma de posesión del nuevo Gobierno estatal el control del Congreso que permitió tumbar en los siguientes meses el blindaje vergonzoso con el que se pretendía salvarle el pellejo a Roberto Borge motivo por lo que, en algún momento, Miguel se llegó a ver como Secretario de Gobierno para proyectarse, como es su estilo, no lo logró.
Pero por situaciones que quizá tengan que ver con su personalidad, las cosas no fueron como Miguel Ramón esperaba y no sólo no le dieron el puesto que creía merecer, sino que empezó a chocar con pared hasta que finalmente fue desplazado por el grupo operador de Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, que ha mantenido, de una u otra forma, la cercanía y, aparentemente, también la confianza de Carlos Joaquín. Y Miguel volvió a desaparecer. Hoy se sabe opera una red de corrupción en Isla Mujeres a través de su hijo y respaldada por su consuegra «Licha» Ricalde.
