Poder y Crítica | Redacción | El gobierno municipal de Tulum que encabezó el exalcalde Víctor Mas Tah, la representación de la Federación de Sindicatos del Gobierno del Estado de Quintana Roo y personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado habrían orquestado un tinglado jurídico para negar seguridad social y prestaciones a 242 trabajadores sindicalizados.
El caso fue exhibido en un juicio de amparo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Quintana Roo, que analizó una impugnación de la ex Síndico Municipal, Lorena María Moguel, contra un laudo laboral favorable a los empleados de siete niveles de puestos operativos y de cuatro niveles administrativos.
A medio juicio de garantías, la funcionaria trató de desistir del recurso legal 27720386, pero se le negó al requerir la aprobación del Cabildo y se dictó una sentencia favorable a la comuna.
El caso tiene que ver con la resolución del expediente DIT-94/2019 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo del 21 enero de 2021, el cual fue interpuesto por trabajadores de base sindicalizados con carácter de inamovibles, el 2 de octubre de 2017.
Los afectados reclamaron el pago de aportaciones e incumplimiento de las prestaciones de seguridad social con efectos retroactivos desde que fueron dados de alta.
Durante un par de etapas conciliatorias no se logró un arreglo entre las partes, mientras que las autoridades únicamente exhibieron un oficio que las autorizó a suscribir un convenio de inscripción con el ISSSTE, pero sin validez al carecer de autorización del Cabildo.
La resolución de la demanda laboral del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo de Chetumal, fue favorable a los trabajadores con lo que se protegió sus derechos desde el inicio de su relación laboral.
Al municipio ordenó realizar la afiliación y pagar las cuotas retroactivas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el fondo de cuentas individuales de Pensionissste.
Igualmente, a suscribir un convenio con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo o ante el ISSSTE, y con las demás instituciones
Pero inconforme con la resolución, la ex Síndico Municipal Lorena María Moguel reclamó judicialmente la legalidad de la resolución (9 marzo 2021), al argumentar que el laudo era inválido.
Ello, por carecer de elementos formales como las firmas del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del representante de la Federación de Sindicatos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, lo cual se traducía en una violación al procedimiento legal.
La sentencia favorable al municipio fue avalada por unanimidad de los magistrados María Adriana Barrera Barranco (Presidenta), José Luis Zayas Roldán y Patricia Elia Cerros Domínguez, el 11 de marzo pasado.
Se confirmó que el laudo careció de la firma del representante sindical, el cual manifestó de manera verbal “no estar de acuerdo con los lineamientos y fundamentos de la presente resolución”.
Igualmente, faltó la rúbrica del presidente del Tribunal y presidente de las Salas, que ante su ausencia o faltas temporales debió hacerlo el secretario general de Acuerdos del Tribunal.
Otras inconsistencias fueron la firma de documentos de personas ajenas al procedimiento, la omisión de nombres en las certificaciones y la remisión de informes sin el nombre y cargo del responsable.
Otras anomalías procesales se encontraron en las audiencias de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, auto de admisión de pruebas, etapas de alegatos, cierre de instrucción y ejecutoria de amparo, que se validaron únicamente con firmas, pero sin el nombre de funcionarios responsables.
La justicia federal concedió el amparo al municipio de Tulum y dejó sin validez el laudo laboral favorable a los trabajadores municipales.
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