Poder y Crítica| Redacción | Por acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los asuntos relacionados con la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa se analizarán a partir del próximo lunes 5 de septiembre de este año.
El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea este jueves al iniciar la sesión pública del máximo tribunal de justicia del país.
«Se abre esta sesión pública del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informo a la opinión pública que por acuerdo de este tribunal pleno los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre», indicó el ministro presidente.
En la sesión del 5 de septiembre, los ministros analizarán el proyecto de sentencia de su compañero Luis María Aguilar Morales para quien la mencionada medida cautelar debe eliminarse al estimar que se trata de una acción violatoria de los derechos humanos y por ello, los jueces penales estarían en libertad de establecer la prisión preventiva justificada sólo en determinados casos y cuando el ministerio público argumente con pruebas la necesidad de imponer dicha restricción.
De acuerdo al ministro ponente, México ha regresado a las circunstancias que prevalecían en este ámbito a finales del siglo pasado y principios del XXI, ya que más del 40 por ciento de las personas que se encontraban en prisión hasta junio de este año no han recibido sentencia, pese a que el sistema acusatorio penal tiene reglas claras para la duración de los procedimientos de investigación.
La problemática se complicó aún más desde el 2019 cuando se decidió aumentar la lista de delitos que ameritan prisión forzosa, sin ninguna otra alternativa de medida cautelar.
La posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa obligó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a exigir a los ministros y ministras de la Corte no eliminarla debido a que las presiones se incrementarían hacia los impartidores de justicia.
«Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, expuso el comunicado emitido por el gobierno de la República.
