Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales denunciados por la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, que lo señalan como presunto responsable del desvío de tres mil 177 millones de pesos.
PODER Y CRÍTICA | El cozumeleño Juan Pablo Guillermo Molina, titular de Finanzas y Planeación en la recta final del gobierno de Roberto Borge Angulo, permanece prófugio de la justicia, impidiendo que se cierre el círculo sobre uno de los actos de corrupción más sonados de los últimos tiempos; sin embargo el distinguido militante del «Clan Borgista», que ahora opera Fabian vallado, fue vinculado a un nuevo proceso por un Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal.
El pasado 11 de agosto se ejecutó la audiencia inicial de proceso en su contra pero “sin detenido” toda vez que el ex funcionario no se presentó como se le había convocado, pues desde hace tres años el principal presunto operador de millonarios desvios de recursos públicos durante la gestión de Borge Ángulo permanece prófugo de la justicia para evitar su aprehensión ante las acusaciones que enfrenta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo de la Fiscalía General del Estado (FGE), dinfundió en su portal Luces del Siglo.
Hace cuatro meses, el integrante del «Clan Borgista» pidió a un Juez de Control de Primera Instancia que la comparecencia fuera de manera virtual en apego al Acuerdo General 10/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, aprobado el 14 de abril de 2020.
La estrategia de Guillermo Molina intentó arroparlo en el documento que dictó medidas de seguridad extraordinarias adoptadas en la pandemia para la atención de los asuntos urgentes en los juzgados del Sistema Penal Acusatorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado al día siguiente de su aprobación.
El objetivo jurídico del ex secretario fue que como parte de la carpeta administrativa 27/2021 la sesión constitucional fuera realizada de manera virtual o de lo contrario esperar a que cambiara a color verde el semáforo epidemiológico para supuestamente proteger su salud e integridad física, o en su caso dada su inasistencia no fuera declarado sustraído a la acción de la justicia.
Pero el Juez de Control ordenó la práctica de la audiencia inicial sin detenido de manera presencial que lo vinculó a proceso, lo que generó que el ex servidor público interpusiera el amparo 28477300 ante el Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, el 27 de julio.
La justicia federal le negó primero la suspensión provisional pues consentir la demanda equivaldría a la paralización del proceso penal, al igual que ocurrió con la petición si ha lugar o no declararlo sustraído del incumplimiento por tratarse “de actos futuros e inciertos” en una resolución que se dictó al día siguiente.
La parte quejosa impugnó el fallo judicial mediante el recurso de queja 28519401 que le fue también negado por el Segundo Tribunal Colegiado al declararse sin materia el 17 de agosto siguiente. El fallo desechó la impugnación ya que antes se resolvió la suspensión definitiva, que validó la anterior.
De ahí siguió después que se dictara la sentencia definitiva (15 diciembre), que sobreseyó el reclamo del borgista contra los actos del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
El ex titular de la Sefiplan lleva acumulados 32 juicios de amparo desde 2017, de los que ha conseguido una decena de resoluciones favorables en juzgados federales de Quintana Roo y Yucatán.
Otro juicio de garantías en proceso de resolverse fue turnado al mismo Juzgado Sexto de Distrito donde reclama del Fiscal del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra Servidores Públicos de la FGE, la negativa de determinar que ha operado la prescripción de la acción penal en la carpeta de investigación FGR/QR/CHE/DDII/06/5/2017, relacionada con la renta de taxis aéreos de la empresa VIP SAESA.
Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales denunciados por la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, que lo señalan como presunto responsable del desvío de tres mil 177 millones de pesos.
Igualmente, en el Congreso del Estado de Quintana Roo tiene pendiente un juicio de responsabilidad política a cargo de la Comisión Instructora, cuyo procedimiento inició en la pasada XV Legislatura.
Asi pues, desde hace cinco años, los poderes políticos de Quintana Roo persiguen a un fantasma: Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Roberto Borge Angulo, quien sin dar todavía la cara se defiende de siete acusaciones donde figura como presunto operador de diversos desvíos millonarios.
Guillermo Molina, teje éste entramado judicial con la intención de que se vaya más allá de que concluya el gobierno de Carlos Joaquín González, en septiembre de 2022 y la esperanza de que desde el Tribunal Superior de Justicia aliados al «Clan Borgista», lo ayuden a quedar impune ante el descomunal saqueo.
Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje en toda esta serie de tropelías en el Estado, de casi 30 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus testaferros entre 2015 y 2016, a Juan Pablo Guillermo se le relaciona con el desvío de alrededor de 3 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el hoyo financiero que dejó Beto Borge supera los 16 mil millones de pesos. Pero en la instancia de gobierno local se habla de que podría rozar los 30 mil millones de pesos.
Si se tomara como referencia las tarifas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) con los 3 mil millones de pesos desviados, atribuidos solamente a Juan Pablo, se podrían edificar casi 6 hospitales de segundo nivel, con un costo de 578 millones 500 mil pesos cada uno, aproximadamente.
Antes de ser titular de Sefiplan, el único puesto gubernamental que ocupó fue como director de finanzas del municipio Solidaridad en el trienio de Román Quián Alcocer (2008-2011). De ahí pegó el salto a las “grandes ligas”, al arribar a la gubernatura Roberto Borge Angulo.
De abril de 2013 a marzo de 2015 fungió como titular de Sefiplan, antes Secretaría de Hacienda. Pidió licencia por “motivos personales”, aunque en realidad su ausencia del cargo fue para blindarse de los embates legales que se veían venir en contra suya, con la idea de buscar la presidencia de Solidaridad; pero sin éxito alguno.
Luego, en agosto de 2015, se reincorporó al gabinete estatal hasta el final del mandato borgista en 2016. Hoy, es prófugo de la justicia.
