Tulum, mayo 30.- Con todo y que se encuentra dentro de un Área Natural Protegida (ANP) advirtió de la situación a la Profepa, en seis meses un empresario, presuntamente colombiano, construyó una residencia a un costado de la muralla del Parque Nacional Tulum (PNT).
El sitio fue decretado Zona de Monumentos Arqueológicos y Área Natural Protegida, cuyo dictamen de carácter expropiatorio impide desde 1981, construir dentro del polígono de 664.32 hectáreas.
Otro decreto presidencial, del 8 de diciembre de 1993, declara el sitio como Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah y aumenta la superficie de la poligonal a 692 hectáreas, emplazada sobre un acantilado junto al mar.
El lugar cuenta con numerosos vestigios como el centro cívico ceremonial, rodeado y protegido por una muralla —única en su género— y un edificio, conocido como El Castillo.
Esto contraviene varias disposiciones y la edificación violenta además un acuerdo de destino registrado el 15 de diciembre de 2007 a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que le confiere la administración de 184 mil 409 metros cuadrados de la zona federal marítimo-terrestre, adyacentes al PNT, para efectos de protección y conservación ambiental.
También va en contra de las disposiciones de la Mega Reserva del Caribe Mexicano, Área Natural Protegida (ANP) decretada el 7 de diciembre de 2016, al invadir una subzona no apta para desarrollo urbano.
Ante esto, la Dirección del Parque Nacional Tulum denunció la construcción de la residencia —identificada por la Conanp como Casa Km 8— ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde noviembre de 2019, sin éxito.
Fernando Orozco Ojeda, director del PNT, expuso que hace unas semanas al retornar a la zona los guardaparques se percataron de que la mansión estaba terminada y custodiada por gente armada.
El tema forma parte de 27 denuncias acumuladas desde hace cinco años, interpuestas por la Conanp ante la FGR por la construcción ilegal dentro del polígono, expropiado por la Federación mediante decreto presidencial del 23 y el 30 de abril de 1981 que lo declara Parque Nacional, categoría de mayor protección para un área natural.
Entre 1990 y 2007 el gobierno de Quintana Roo emitió 14 títulos de propiedad posteriores al decreto expropiatorio.
