México, 28 de Noviembre, poderycritica.- Ocho de las 14 medidas anunciadas este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, para lograr cambios en seguridad, justicia y desarrollo económico que eviten otro caso como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, requieren del aval del Congreso mexicano para hacerse realidad y empezar a dar resultados.
En un mensaje en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el próximo lunes enviará a las cámaras las reformas correspondientes a cuatro de estas medidas: una para crear una ley contra la infiltración criminal en los municipios, una para definir con claridad las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al delito, una para crear mandos únicos policiales en las 32 entidades del país y una para desvincular el salario mínimo de conceptos como multas o tarifas.
Durante el siguiente periodo ordinario de sesiones —que arranca el 1 de febrero— presentará dos iniciativas más: un paquete para hacer más eficaz la «justicia cotidiana», en temas como juicios familiares o laborales, y uno para crear zonas económicas especiales en entidades del sur, con el fin de impulsar su desarrollo.
Las últimas dos reformas buscarán crear leyes contra la tortura y la desaparición forzada, así como establecer un Sistema Nacional Anticorrupción con tribunales y un fiscal especial. Sobre el primer asunto, el presidente no precisó cuándo enviará sus propuestas al Congreso, mientras que del segundo expresó «decidido respaldo» al planteamiento que actualmente debaten las cámaras, el cual fue presentado por el opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Para algunos analistas, el hecho de que estas medidas requieran la aprobación del Poder Legislativo —donde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) carece de la mayoría para avalar por sí solo estos cambios— no sólo implica que deberán negociarse, sino que tardarán meses o incluso años en implementarse y dar los resultados esperados.
El politólogo Fernando Dworak, especialista en temas legislativos, citó como ejemplos la reforma para definir las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al delito y la correspondiente al mando único policial.
Para Dworak, la primera generará tensiones entre los principales partidos porque implica fijar responsabilidades en la materia, en tanto que la segunda tendrá una instrumentación compleja incluso si tiene consenso entre las bancadas.
«Cualquier cosa que podamos hacer va a ser parte de un esfuerzo muy largo y de muy largo alcance. No vamos a llegar a tener instituciones sólidas sino después de varios lustros, si acaso comenzamos a tomar las decisiones correctas», dijo en entrevista este jueves.
El académico Francisco Burgoa, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en que el plan anunciado por Peña Nieto es «ambicioso». Sin embargo, consideró que aún es necesario conocer los detalles de cada propuesta para identificar sus implicaciones y posibilidades de éxito.
«Esto tiene que traducirse, en un primer momento, en propuestas concretas. Dicho en lo genérico, así como lo presentó, por supuesto que se escucha bastante bien el hecho de tener un fiscal anticorrupción, de tener una ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, de tener la facultad para disolver ayuntamientos (infiltrados). Son ideas que se escuchan bastante bien, pero hay que tener un análisis muy puntual derivado de la propuesta en concreto», dijo.
Por ejemplo, todavía no está claro si la propuesta de Peña Nieto implica que las policías municipales queden subordinadas a un mando estatal o que desaparezcan.
