Ciudad de México, Viernes 17 de Abril de 2020, poderycrítica.- La senadora Mayuli Martínez Simón dio a conocer que el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Senado presentará una iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, la cual prevé un procedimiento para emitir una “Declaratoria de emergencia económica” y una serie de medidas a implementar en el ámbito fiscal, laboral, empresarial, financiero y social, con el objetivo de aminorar el impacto económico en las familias mexicanas, el sector productivo y la sociedad en general, así como mantener finanzas públicas sanas.
Además, la propuesta legislativa de las senadoras y los senadores panistas otorga facultades a los tres órdenes de gobierno y dispone de mecanismos para una aplicación e implementación oportuna y eficaz de la ley.
En conferencia de prensa virtual, la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón expuso que organismos internacionales especializados, instituciones académicas, bancos centrales e instituciones financieras y expertos coinciden en que el mundo se aproxima a una crisis económica y sanitaria sin precedentes en décadas.
México, afirmó, será una de las economías del mundo más afectadas, por su vecindad con el epicentro actual de la pandemia, Estados Unidos, por su política económica errática, con nula comprensión de la importancia de la actividad empresarial y por ser una economía que iba hacia el decrecimiento.
Remarcó que el Programa de Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo federal es insuficiente, ya que no incorpora ninguno de los aspectos elementales de la actividad económica en nuestro país, que son necesarios para hacer frente a una coyuntura como la actual.
De ahí la necesidad, resaltó, de presentar esta iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, como la que otros países, en forma de decretos de emergencia, han emitido para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentaremos los mexicanos.
Por su parte, el senador Gustavo Madero Muñoz indicó que se trata de una Iniciativa que encuentra fundamento en el artículo 25 constitucional, que le otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
A su vez, el senador Damián Zepeda Vidales detalló que la propuesta de Acción Nacional tiene como ejes centrales:
Apoyar con un Ingreso Básico Universal como transferencia de apoyo directo de la línea mínima de bienestar establecida por el CONEVAL de 3 mil 207 pesos por mes, por parte del Gobierno Federal a los trabajadores formales e informales impactados negativamente por la emergencia, incluyendo pérdida de empleo en formales, impacto negativo en informales y en ambos casos en suspensión de labores por orden gubernamental.
Asimismo, apoyar a microempresarios con 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses, destinados a pagar nómina y renta, y otorgar una moratoria fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el aplazamiento del pago de deudas tributarias durante seis meses sin que causen intereses, ni se impongan multas.
Además, restablecer la compensación universal a efecto de facilitar el pago de las contribuciones y dar mayores beneficios de liquidez a los contribuyentes y la exención de pago de ISR a las personas físicas que tengan ingresos inferiores a 10 mil pesos mensuales y a Mipymes, por el tiempo de la emergencia.
Por su parte, el senador Erandi Bermúdez Méndez puntualizó que la iniciativa panista también pretende establecer un programa emergente de financiamiento al capital de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la banca de desarrollo, con condiciones blandas.
Brindar, continuó, un subsidio del cien por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la gasolina y el diésel a las empresas dedicadas al autotransporte de carga, para garantizar el abasto de productos básicos.
También, reducir el Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza del norte y sur del país, e instrumentar un programa emergente de inversión pública que otorgue prioridad en la asignación de obras a proveedores nacionales e incentive la generación de empleo, concluyó.
