México, 12 abril; poderycritica.-Hussaín Luna y Daniela Trujillo, padres de Edward, el menor que falleció tras una intervención quirúrgica de un brazo, presentaron una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ante amenazas que circulan en redes sociales.
Asimismo, expusieron que debido a la presión de la comunidad médica en todo el país, tienen miedo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) resuelva a favor del médico Luis Alberto P.M., detenido desde el 2 de abril por el delito de homicidio con agravante médico.
El señor Hussaín Luna demandó una audiencia con las autoridades del Tribunal en el estado, así como se le brindó la oportunidad a los galenos.
«Tenemos miedo (los afectados) que este Tribunal se preste y ceda a la presión de estas personas (médicos), y es una presión muy grande», indicó este martes en la sede de la Defensoría, y recordó el movimiento nacional de los profesionales de la salud a favor de su colega Luis Alberto.
Denunció que durante este proceso su esposa y él han recibido amenazas por parte de médicos a través de redes sociales.
«Se nos ha llegado a decir que cuando necesitemos de servicios medios se nos va a negar. Grábense el nombre de estas personas de estos papás (escriben en redes)» indicó.
Han pasado más de cuatro meses desde el fallecimiento de Edward, el pasado 26 de noviembre y casi 10 días desde la detención del galeno, ocurrida el 2 de abril; desde anoche, circuló el rumor que sería puesto en libertad.
En el transcurso de ese tiempo los familiares del menor y los médicos han desarrollado conferencias de prensa y movilizaciones.
Por un lado, los padres exigen justicia y que los responsables del fallecimiento de su único hijo paguen penalmente por el hecho. Mientras que la comunidad médica exige la libertad de su compañero en tanto no se culmine la investigación del caso.
Por otra parte, el Consejo General de la Defensoría de los Derechos Humanos sesionó este martes de manera privada, y evitó pronunciarse sobre el caso, pero pidió a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia una impartición y administración de justicia efectiva e imparcial.
