CHETUMAL | Nuevamente Yensunni Idalia Martínez Hernández esta en el ojo del huracán por dos temas de carácter legal; el primero sería el haberse ostentado como abogada sin tener un título y firmar documentos legales del Ayuntamiento que preside y el segunda la demanda contra el ex alcalde Otoniel Segovia por desvío de recursos y del cual fue Síndica.
Desde 2018, Yensunni como Síndico Municipal firmaba como ‘Lic.’ documentos oficiales, hoy se sabe que obtuvo una licenciatura en «Derecho con Enfoque de Juicios Orales» donde obtuvo un título el 31 de mayo del 2021 en una universidad patito: «CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO VANGUARDISTA», de la cual no se tienen mayores referencias que su ubicación en la avenida, Javier Rojo Gómez #367, de Chetumal.
Yenssuni Martínez es sujeta de la aplicación del Código Penal Federal en su Artículo 250 que se sanciona de uno a seis años de prisión y una multa de cien a 300 días a quien se atribuya el carácter de Profesionista. Si la aplicación de ley es pareja en el nuevo gobierno de Morena, Yenssuni estaría tras las rejas.
Aparte de que la administración de Yensunni está estigmatizada por el fracaso y donde fue electa por un mínimo de votos de diferencia sobre su contrincante, lo que sustenta que la mitad del pueblo othonense rechaza su administración, principalmente por la incapacidad de resolver la atención de la limpieza de la ciudad, el alumbrado público, la recolecta de basura y el relleno sanitario, independientemente de la inseguridad que campea y que ella acusa al Estado y la Federación de no poder contener las ejecuciones del crimen organizado en la capital quintanarroense ahora se erige como Gran Jurado para llevar tras las rejas a quien sirvió de tapadera. Se pegó un balazo en el pie.
Yensunni se dice defensora de la legalidad en Othón P. Blanco y esta decidida a “castigar” los desvíos de recursos de 2018-2021. En el pueblo todos se preguntan si se le olvidó que como Síndico debía vigilar que no existieran irregularidades en esa administración que hoy acusa de corrupta y de la cual forma parte. En política, los fantasmas del pasado siempre regresa. La pregunta obligada es ¿Fue cómplice, testigo o simplemente omisa?
En redes sociales se consigna que «la postura de la presidenta se vuelve ambigua cuando, en lugar de nombrar a los involucrados, se limita a vaguedades, pese a que casos como el de Otoniel Segovia ya ocupan un expediente específico».
Otoniel Segovia, quien asumió la presidencia tras el lamentable fallecimiento de Don Hernán Pastrana, se encuentra ahora bajo investigación, sosteniéndose por una suspensión provisional que por ahora le impide ser arrestado.
«Mientras tanto, Yensunni se coloca en el papel de “justiciera” en un espectáculo digno de una novela judicial, convenientemente olvidando que como síndico tuvo el poder —y la responsabilidad— de frenar estos desfalcos en su momento.
Como síndico, Yensunni debía supervisar los informes de la Auditoría y presentar quejas formales si algo no cuadraba. Hoy, sin embargo, intenta desentenderse del pasado, afirmando que las sanciones no corresponden a la actual administración, sino que son las auditorías las que exigen estas revisiones».
Las redes sociales y los analisis son implacables:
¿De verdad pretende que creamos que su papel como síndico fue meramente decorativo? Si la presidenta está tan comprometida con la justicia, tal vez debería comenzar explicando cuál fue su postura en 2018-2021, cuando estos desvíos sucedieron ante sus propios ojos. Porque la duda persiste: ¿por qué la justicia ahora y no entonces?
Al mismo tiempo, en su retórica contra los actos corruptos, evita mencionar nombres o detalles adicionales sobre los otros involucrados, fuera del caso Segovia. Los millones desviados en obras públicas fantasma o inconclusas aún no tienen responsables claros, y Yensunni elige moverse con cautela, evitando enfrentar directamente los problemas, mientras lanza la pelota hacia la Contraloría y el Síndico actuales.
Quizás hoy Yensunni quiera convencernos de que no sabía, no podía o simplemente no le correspondía. Pero en la administración pública, el silencio y la omisión son cómplices de la corrupción.
«Si como síndico no se preocupó por denunciar las irregularidades en su momento, ¿Qué garantía tenemos de que su “preocupación” actual sea auténtica y no una mera estrategia política? Las preguntas quedan en el aire, y con ellas, la sombra de la duda sobre el verdadero compromiso de nuestra presidenta con la transparencia.
Al final, su acto de justicia tardía nos recuerda a la famosa frase: “el que calla, otorga.” Porque, si como síndico Yensunni fue un testigo mudo o incluso omiso, poco importa que hoy intente limpiar su imagen. La historia no se borra tan fácil. Pero quién sabe, tal vez entre sus discursos de justicia y orden, reserve algún momento para autoevaluarse»
