PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | A raíz del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre, la atención vuelve a centrarse en una dolorosa realidad que México arrastra desde hace más de dos décadas: la violencia contra las autoridades municipales. En los últimos 25 años, al menos 119 alcaldes en funciones o electos han sido asesinados en el país, lo que equivale a un homicidio cada dos meses y medio.
De acuerdo con registros hemerográficos y bases de datos de organizaciones civiles, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el más letal, con 42 asesinatos de presidentes municipales. Le siguen los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa con 37, Andrés Manuel López Obrador con 26, y el actual mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, que ya suma 10 casos.
Oaxaca y Michoacán, las entidades más golpeadas
El estado con mayor número de homicidios de alcaldes es Oaxaca, con 24 víctimas, seguido por Michoacán (20), Veracruz (13), Guerrero (12), Puebla (8), Durango (6) y Jalisco (5). Tanto Chihuahua como el Estado de México registran cuatro casos cada uno.
Por filiación partidista, al menos 38 de los alcaldes asesinados pertenecían al PRI, 19 al PRD, 18 al PAN, 9 a Morena o al PVEM, y 5 a Movimiento Ciudadano o el PT. Otros casos corresponden a partidos locales o líderes independientes, como Carlos Manzo, quien encabezaba el movimiento ciudadano conocido como Movimiento del Sombrero.
Emboscadas y ejecuciones, el patrón de la violencia
La mayoría de los ataques se cometen mediante emboscadas y ejecuciones directas con armas de fuego, generalmente cuando los funcionarios viajan acompañados de sus escoltas, familiares o choferes. También se han documentado casos de asfixia, secuestro, estrangulamiento, apuñalamientos, lapidaciones y decapitaciones.
Algunos alcaldes, como Manuel Angulo Torres (Topia, Durango, 2008) o Mario Sánchez Cuevas (San Miguel El Grande, Oaxaca, 2015), fueron reportados como desaparecidos antes de ser hallados sin vida. Otros, como Olga Kobel Lara (Juárez, Coahuila, 2018), fueron secuestrados y posteriormente asesinados.
Amenazas ignoradas y denuncias previas
En varios casos, las víctimas habían denunciado amenazas. El exalcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, escribió en 2016 en redes sociales: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar”. Semanas después, fue asesinado.
De manera similar, Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, reveló haber recibido amenazas y sobornos para no asumir el cargo. Fue ejecutada junto a su esposo y su chofer en abril de 2019.
Una crisis que se extiende
La violencia política no se limita a los homicidios. Según datos de Data Cívica, desde 2018 85 alcaldes más han sido víctimas de atentados, secuestros o amenazas, lo que evidencia una crisis persistente en la seguridad de las autoridades locales.
El reciente crimen de Carlos Manzo Rodríguez vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer la protección a los funcionarios municipales, quienes se encuentran en la primera línea frente al crimen organizado y los conflictos políticos locales.
