PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que los ministros que integran el Pleno decidieron no hacer uso de las camionetas recientemente adquiridas, luego de la controversia pública generada por el alto costo de las unidades y su contraste con los principios de austeridad promovidos desde el propio Poder Judicial.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el máximo tribunal señaló que los nueve ministros acordaron renunciar a los vehículos y solicitar el inicio del procedimiento administrativo correspondiente para su devolución o, en su caso, para que las unidades sean reasignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad vigente.
En el mensaje, la Corte reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y con una justicia que responda a las demandas sociales, además de anunciar que este mismo día ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la decisión.
La determinación ocurre tras la polémica provocada por la compra de camionetas marca Jeep, destinadas a los nuevos ministros electos por voto popular en junio de 2025, con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar equipamiento adicional como blindaje.
El tema generó críticas por contradecir el discurso de austeridad institucional. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la adquisición al argumentar que el cambio de un esquema de arrendamiento a compra representó un ahorro superior a mil millones de pesos, al evitar contratos de renta que habrían implicado un gasto anual estimado de 336.2 millones de pesos durante al menos tres años.
De acuerdo con la explicación oficial, la compra equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento y generaría un ahorro calculado de mil 98 millones de pesos entre 2026 y 2028. Además, la Corte sostuvo que parte de la flotilla renovada —571 vehículos— incluye 124 unidades híbridas o eléctricas, lo que permitiría reducir hasta en un 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental.
En su momento, el Poder Judicial argumentó que la decisión se basó en dictámenes técnicos de seguridad, que concluyeron que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares requeridos, y que el proceso se realizó conforme a un acuerdo administrativo vigente desde 2019, el cual establece la renovación periódica del parque vehicular sin incrementar el gasto total.
No obstante, ante el rechazo social, la SCJN optó por dar marcha atrás en el uso de las camionetas, subrayando que la medida responde a la necesidad de preservar la confianza ciudadana.
