Los abogados del exgobernador Roberto Borge Angulo preso en Panamá, desde el 14 de julio interpusieron un amparo exploratorio ante el Juzgado Quinto de Distrito, para conocer si en Quintana Roo existe una orden de aprehensión en contra de su cliente, cuyo costo fue de 59 mil pesos.
Aunque en principio de cuentas la administración actual denunció a todo el gabinete de Roberto Borge Angulo, los defensores
del exgobernador quieren estar seguros que esa denuncia no sea causal de aprehensión; aunque de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el juez de control puede negar que exista dicha orden, pero luego la obsequie después de rendir el informe.
Al consultar los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, el expediente con el número 1096/2017, principal e incidental, se puede leer que es “contra actos del juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Othón P. Blanco y otros”. La audiencia constitucional está señalada para el miércoles 2 de agosto.
OTROS AMPAROS EN JUZGADOS FEDERALES
Son varios los exfuncionarios y funcionarios que tienen trámite de amparo para protección de la justicia federal: Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, extitular de la Secretaría de la Función Pública; Fernando Escamilla Carrillo, exsecretario de Infraestructura y Transporte (Sintra); Mario Castro Basto ex delegado estatal de la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa); César Celso González Hermosillo y Melgarejo, socio de Barcos Caribe. También se ampararon por si las dudas, el expresidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui; Juan Pablo Guillermo Molina, ex Secretario de Finanzas; Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del desaparecido Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae); Fredy Marrufo Martín, expresidente municipal de Cozumel y actual delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Claudia Granados Méndez, exdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Othón P. Blanco. Con anterioridad se ampararon: Gabriel Medicuti Loria, Mauricio Góngora Escalante, Fabián Vallado Fernández, Martín Cobos Villalobos, José Alberto Alonso Ovando, Gustavo Guerrero Ortiz. Luis González Flores, Rosario Ortiz Yeladaqui, Román
Quian Alcocer, Javier Diaz Carbajal y Pedro Flota Alcocer.
LARGO PROCESO DE ESTRADICIÓN
Quintana Roo, 19 julio, poder&crítica.-
Miguel Ángel Pech, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que el proceso de extradición de Borge terminaría a más tardar, en febrero de 2018. “Si los jueces en su momento nos han obsequiado las órdenes de aprehensión, quiere decir que hay elementos sólidos (para la aprehensión), dijo Pech.
En cuanto a los recursos de amparo que está promoviendo el ex gobernador quintanarroense, explicó que cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a ejercer su defensa.
“Nosotros hemos, en su momento, cumplido cabalmente ante las autoridades federales, donde están corriendo los 60 días (para la petición) de la extradición federal”, afirmó.
“Nosotros hemos también acudido directamente ante las instancias federales para completar todas y cada una de nuestras propias carpetas”, dijo Pech Cen. Los que autorizarán o no el traslado son la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales y Relaciones Exteriores; además la extradición puede ser voluntaria (como el caso de Javier Duarte).
“También la ley nos marca, con base en los convenios internacionales en materia de extradición, todos y cada uno de los requisitos
que se tienen que satisfacer para los casos de asuntos de orden criminal, como en este momento el estado de Quintana Roo tiene”, dijo.
A principios de agosto se termina el periodo para la petición, por lo que en esa fecha se iniciará el proceso de extradición de Borge.
Pese a que no detalló los delitos que se imputan a Borge para solicitar su extradición (por la secrecía), dijo que “la mayoría, por no decir todos, no son de prisión preventiva oficiosa de aquellos enmarcados en el Artículo 167, ya que lo que atañe a delincuencia organizada es un delito de orden federal”.
“Para Quintana Roo, posiblemente entre diciembre-enero, máximo febrero, estaríamos terminado este proceso de extradición
contra el señor Roberto Borge“, expresó.
PGR GIRA ÓRDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE SIES BORGISTAS
Cancún, Q. Roo, 17 julio, poder&crítica.-
La Procuraduría General de la República (PGR) giró órdenes de aprehensión en contra de Gabriel Mendicuti Loría y Bibiano Villa
Castillo, se les suma también las de Juan Pedro Mercader Rodríguez, Juan Pablo Guillermo Molina, Fernando Escamilla Carrillo
y Mauricio Góngora Escalante, ex titulares de Seguridad Pública, de Sefiplan, Sintra y ex alcalde de Solidaridad, respectivamente,
durante la gestión de Roberto Borge Ángulo, como presuntos responsables de desvío de recursos federales.
Además de la orden de arresto federal que tiene Fernando Escamilla Carrillo en contra, también tiene otra por parte de la
Fiscalía General del Estado (FGE) al igual que Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, ex titular de la Función Pública, como probables responsables de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de desempeño irregular de la función pública.
LAS IRREGULARIDADES
Durante su estancia al frente de la corporación policiaca, Mercader Rodríguez fue severamente cuestionado por la ciudadanía, ya que no era policía de carrera, sino que era el primer civil en ocupar este cargo y anteriormente era el titular del desaparecido (Instituto de Fomento a la Vivienda) Infovir, desde donde, al parecer se gestaron ventas de terrenos de manera irregular.
Mientras que Guillermo Molina, quien además tiene un proceso de juicio político en su contra, se encuentra inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que no fueron entregados a los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo. Además, entre otras cosas deberá comprobar los recursos con los cuales se adquirieron en forma “ilegal” 300 hectáreas en el Ejido de Ulila, Ucú, Yucatán, lo cual fue denunciado por sus legítimos propietarios.
Por su parte, el ex alcalde de Solidaridad y ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Góngora Escalante, tiene que
comprobar también el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro Castro.
