CANCÚN | Una de las mafias que más lastima a los automovilistas en este polo turístico es la de las grúas que trabajan en colusión con la dirección de Tránsito Municipal de Benito Juárez a cargo de Ezequiel Segovia Góngora, pero el control de esta operatividad de extorsión la tiene Lourdes Vanesa Valenzuela Morales, directora de Transporte y Vialidad de Benito Juárez quien obedece a los intereses del depuesto titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia mancuerna del secretario del ayuntamiento Pablo Gutiérrez Fernández.
Los tentáculos de corrupción del ex titular del Imoveqroo impacta en la ciudad de Cancún, pues aún controla el rol de la operatividad de las grúas encabezadas por ABIMERHI, CARDONA, IMPACTO, GCH y PECAS y sigue influyendo en las decisiones de Transporte y Vialidad del municipio.
En la compleja red de corrupción que tiene a la ciudadanía en un estado de indefensión llega hasta la coordinación de Peritos de Tránsito; desde su paso por esta dependencia Alcázar Urrutia tejió esa red que aún funciona en nuestros días y que controlaba ejemplarmente Ezequiel Segovia Góngora.
[Ezequiel Segovia Góngora, Director de tránsito municipal de Benito Juárez]
Los propietarios de las grúas se reportan semanalmente con Valenzuela Morales, a quien señalan de ser una incondicional de la mafia encabezada por Alcázar Urrutia y su cobrador conocido como “Matrix” y con Ezequiel Segovia Góngora; en redes sociales acusan que este lucrativo esquema no solo enriquece a sus operadores, sino que también siembra el miedo y la desesperación entre los ciudadanos.
Los concesionarios de las grúas cobran sumas exageradas por los servicios de arrastres y la complicidad de las autoridades municipales es evidente, pues a pesar de las constantes denuncias y del conocimiento público de estos actos ilícitos, no se han tomado medidas para erradicar esta mafia que opera con total impunidad.
Recientemente un ciudadano denunció ante la Fiscalía General del Estado una serie de abusos por parte de agentes de Tránsito Municipal y la empresa Grúas Riviera. Según el afectado, se le intentó cobrar más de 10 mil pesos por el arrastre de su vehículo.
Además, afirmó ser víctima de abuso de autoridad por parte de los oficiales, quienes lo detuvieron injustificadamente bajo el argumento de que se encontraba en estado de ebriedad.
El incidente ocurrió un fin de semana cuando agentes de la Dirección de Tránsito Municipal detuvieron al denunciante para una supuesta revisión de rutina. Según el afectado, los oficiales determinaron sin pruebas que estaba ebrio, ordenando su detención y el traslado de su vehículo al corralón. José Luis Ventura, el afectado, declaró que la acción fue arbitraria, con la intención de obtener un soborno, al cual se negó.
Aunque el test de alcoholemia realizado por un médico legista resultó negativo, el vehículo permaneció en el corralón durante el fin de semana, acumulando cargos. Además, la infracción fue entregada hasta el lunes y elaborada por una agente, cuando los oficiales involucrados eran hombres. La sanción ascendió a 13,571 pesos por conducir en estado de ebriedad (lo cual se desmintió) y 10 mil pesos por el arrastre del vehículo, pese a no haber cometido el delito.
El ciudadano Hector Espinoza denunció en redes sociales que presentó un comprobante de pago, pero su motocicleta fue remitida al corralón debido a la falta de placas, cuya emisión está retrasada por Sefiplan.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) confirmó la falta de material para elaborar placas vehiculares. Esto deja a los propietarios con la única opción de presentar el voucher de pago, lo cual queda a criterio de los agentes de tránsito.
Por su parte, las empresas de grúas justificaron las tarifas argumentando que están reguladas por Profeco y normativas legales. Sin embargo, señalaron que estas leyes no se actualizan desde hace 18 años, lo que genera conflictos al no considerar diferencias en los servicios prestados.
Pero, en este tema, es un secreto de a voces que Rodrigo Alcázar y Lourdes Vanesa Valenzuela Morales, directora de Transporte y Vialidad de Benito Juárez, mantienen una alianza de corrupción que afecta al ayuntamiento de Benito Juárez y golpea al destino turístico, con los abusos de las grúas que operan en contubernio con agentes de tránsito.
[Lourdes Venessa Segovia, Directora de Transporte y Vialidad Benito Juárez]
[Rodrigo Alcázar Urrutia, Exdirector de IMOVEQROO]
Por su parte Pablo Gutiérrez Fernández también quiere su rebana de pastel y ya anuncio que el alcoholímetro en Benito Juárez se reactivará a finales de febrero o inicios de marzo, pues ya anuncio que las principales adecuaciones al Bando de Gobierno y Policía, Reglamento de Justicia Cívica y Reglamento de tránsito fueron las homologaciones con la Ley Estatal de Movilidad, en lo referente al límite de alcohol permitido en la sangre al conducir un vehículo, impuesta por Rodrigo Alcázar
[Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario de Ayuntamiento de Benito Juárez]
Uno de los cambios clave es la reducción del límite de alcohol en la sangre, que pasará de 0.40 a 0.25 grados, conforme a la Ley de Movilidad, supuestamente para garantizar la seguridad de todos los conductores en Cancún pero que beneficiados irá a los concesionarios de grúas que ‘harán su agosto’ con esta nuevas disposiciones.
Según el funcionario, el programa tendrá un enfoque 100 % preventivo y no recaudatorio. Para asegurar la transparencia, se implementarán medidas como:
El programa de alcoholímetro fue suspendido en 2020 debido a la pandemia y, aunque en la administración pasada se intentó retomarlo, no se logró su aprobación.
De acuerdo con datos los operativos se realizaban de jueves a domingo, con un promedio de 90 personas remitidas al Centro de Retención Municipal «El Torito» por semana. Actualmente, la multa por conducir bajo los efectos del alcohol es de 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 16,285.5 pesos, sin posibilidad de descuento y a ello agréguele los costos de arrastre y corralón.
Entre 2021 y 2024, el Ayuntamiento de Benito Juárez dejó de recaudar más de 236 millones de pesos debido a la falta de aplicación del programa, según estimaciones basadas en los promedios de retenciones y el valor de la UMA por año.
Pero la maquinaria ya se está aceitando: este cuarteto de extorsión que sigue comandando Alcázar Urrutia con Valenzuela Morales y los recaudadores son Ezequiel Segovia Góngora y Lourdes Vanesa Gutiérrez Fernández; el arrastre de las grúas deja millonarios dividendos que no entran a las arcas municipales.
