Chetumal | Desde el despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo a cargo de Héctor José Contreras Mercader opera una sofisticada red de extorsión en los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos que deja millonarias ganancias por cobros a la mano o cancelación de multas que son ‘blanqueadas’ por funcionarios allegados al Director General quebrantando los principios éticos de la Cuarta Transformación de NO mentir, NO robar y No traicionar al pueblo.
En esta intrincada red de extorsión que lo mismo ataca a un pequeño contribuyente que a un potentado empresario hotelero o constructor, operan y blanquean los recursos ilícitos, Sirius Tenorio Cardona, directora estatal de Recaudación y Dafne Karime Orozco Angelino, directora de administración del SATQ que también contravienen a las instrucciones de la Gobernadora Mara Lezama quien en febrero del año pasado al instalar la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, afirmó que era un gran paso en el combate a la corrupción que permite avanzar en la transparencia y rendición de cuentas para que nunca más se permita la impunidad, que ha causado terrible daño a las y los quintanarroenses.
“En este gobierno de la transformación profunda tenemos un objetivo muy claro, que es el combate a la corrupción y no me tiembla la mano, vamos a trabajar de manera eficiente, y solo habremos de decir que la misión está concluida cuando exista una verdadera justicia social, cuando el éxito turístico se traduzca en prosperidad compartida y solo lo lograremos trabajando sin descanso 24/7 y todos unidos, porque nadie puede solo” expresó la gobernadora.
En esa ocasión también destacó que en Quintana Roo se trabaja con base en un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, en el que todas y todos están conscientes que este es un nuevo gobierno que tiene entre sus principios los de eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, que dejó atrás un modelo en el que se amasaron grandes fortunas en detrimento de la calidad de vida de los seres humanos, creando una profunda brecha de desigualdad y una injusticia social que tarde o temprano nos trastoca.
“A nosotros nos toca recomponer el camino; estoy segura que este esfuerzo conjunto rendirá frutos y seguramente habremos de bloquear avenidas por las que hoy transita con gran impunidad este tipo de actividad delictiva y criminal, que tanto daño hace a nuestra sociedad en cada uno de nuestros estados y en el país” afirmó.
Sin embargo los funcionarios mencionados del SARQ contradicen a la gobernadora y con José Abraham Martín Alvarez, en la Dirección de Recaudación de Solidaridad que solo cuenta con estudios de preparatoria con apoyo de Erika Paola Revilla Flores como segunda en la dirección han hecho de esta dependencia una máquina de hacer dinero que se contabiliza en miles de pesos diariamente.
En la Dirección de Recaudación de Puerto Morelos está Carlos Claudio Rivas Lugo quien presume Maestría en Alta Dirección Corporativa pero que los contribuyentes dicen que tiene «Uña Maestría», sobre todo para extorsionar contando con el apoyo de otro bachiller: Alejandro Salgado Pérez quien como Jefe de Departamento se encarga del trabajo sucio en dicha Dirección.
La denuncia enviada a Poder y Crítica asegura que todos estos funcionarios, estatales y municipales están lucrando a través de ‘facilitar’ trámites que les deja millonarias ganancias, por decir: en los requisitos para el refrendo vehicular se necesita documentación original y una copia de la identificación oficial vigente del propietario como INE, pasaporte o cédula profesional, para el caso de personas físicas de representación legal se debe anexar escritura pública o carta poder certificada, para personas morales, acta constitutiva o escritura pública donde lo designen como representante o apoderado legal. original de la última tarjeta de circulación emitida o su caso constancia de no infracción, además del comprobante de pago del Impuesto Sobre Uso o Tenencia Vehicular y/o derechos por control vehicular (CFDI), si al contribuyente le hace falta alguno de estos documentos, ellos lo solucionan con un moche, por este tema, Quintana Roo es uno de los estados que más problemas presenta en la compraventa de autos a nivel nacional, además de servir para que en la entidad se ‘legalicen’ autos robados o lo más grave, autos que el crimen organizado obtiene vía secuestros, extorsiones o asesinatos.
Otra fuente de ingresos y moches de esta red de extorsión son las ‘Licencias de Funcionamiento’, aquí lo mismo pagan por funcionar ilegalmente las grandes cadenas hoteleras hasta la más humilde abarrotera de la colonia: todos ponen, todos pagan para no ser clausurados, sobre todo los giros negros, los bares y restaurantes con espectáculos. Carretadas de miles de pesos se cobran en este concepto mensualmente para no ser molestados.
Aún hay más, también lucran con los impuestos por ‘Nómina y Hospedaje’, la validación de pagos del Impuesto Sobre Nómina y Hospedaje son una fuente inagotable de moches para regularizar situaciones hacendarias estatales.
La denuncia indica que las Casas de Empeño tiene que pagar fuertes cantidades mensuales para que no los clausuren, por cualquier detalle, este sector empresarial es de los más acosados por el crimen organizado, sobre todo en Playa del Carmen.
También hay que sumar los moches por la constancia de retenciones del Impuesto sobre nóminas por prestación de servicios / Impuesto a la Venta final de Bebidas con Contenido Alcohólico.
Una red que no tiene empacho en presumir las extorsiones en su vida diaria y familiar. Son los recaudadores del moche oficial de la Cuarta Transformación en Quintana Roo. Continuará.
