PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Rafael Hernández Kotasek director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) a convertido ese organismo en una fuente de corrupción y tráfico de influencias, con vicios similares y nexos comerciales que aplicó en la Agencia de Transporte de Yucatán, actos que llevaron a la quiebra al sistema ‘Va y Ven’.
Esta semana que termina trascendió que Imoveqroo paga 2 mil 500 pesos diarios por cada camión de trasporte urbano que se renta para la capital del estado, un contrato de unos 14 millones de pesos por año, con unidades usadas y viejas a la empresa Transportes Corpa de Mérida, Yucatán, que fue una de las empresas que subarrendaba camiones para el sistema de transporte de los yucatecos.
Corpa la empresa que opera el servicio en la capital de Quintana Roo es la misma que opera el sistema “Va y Ven” en Yucatán que actualmente está en números rojos, de ese tamaño la corrupción y los negocios del funcionario que salió huyendo de Yucatán.
Los retenes ilegales del Imoveqroo son la queja diaria por parte de automovilistas y transportistas del estado: “Son parte de los recorridos permanentes de verificación y vigilancia que se realizan en la entidad para garantizar la seguridad de las personas usuarias por parte de los vehículos y operadores del transporte público…
“Estas acciones tienen un carácter preventivo y se desarrollan conforme a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y a los protocolos institucionales vigentes.
“El Instituto de Movilidad reitera que estas acciones buscan prevenir riesgos, asegurar condiciones adecuadas de operación y proteger a quienes utilizan el transporte en el estado”, rezan cuando menos una vez a la semana los boletines del Instituto para justificar el atraco oficial.
En Isla Mujeres ciudadanos denunciaron un acto de corrupción, donde se observó un inspector de Imoveqroom hostigando a trabajadores, especialmente a mototaxistas y transportistas.
Testigos relatan que bajo órdenes de Hernández Kotasek se ha emprendido una campaña de extorsión contra quienes diariamente buscan ganarse la vida honestamente. Las denuncias apuntan a cobros ilegales que van desde los 25 mil hasta los 35 mil pesos por permitir la operación, cifras inalcanzables para muchos de los afectados, sin que hasta el momento se haga un posicionamiento oficial sobre dichas extorsiones.
En Cancún los señalamientos ciudadanos son en contra de Alejandro Aguayo Tamayo, conocido entre transportistas y operadores de carga simplemente como “Aguayo”.
Este coordinador opera junto con Candelaria Hernádez Peniche, una estructura señalada por prácticas irregulares con la implementación de retenes ilegales en la periferia de la ciudad.
Transportistas afectados aseguran que estos operativos no tienen como fin la revisión administrativa, sino que presuntamente se utilizan como mecanismo de presión para exigir pagos en efectivo a cambio de permitir la circulación de las unidades, lo cual de comprobarse representaría un grave delito de extorsión y abuso de autoridad.
Las críticas también se extienden contra Hernández Kotasek a quien ciudadanos señalan como responsable directo de permitir y solapar estas prácticas. De acuerdo con las denuncias, el funcionario, originario del estado de Yucatán, habría llegado a Cancún para ocupar un cargo que hoy está rodeado de acusaciones de corrupción sistemática, afectando directamente al sector productivo y a la ciudadanía en general.
Las quejas no son aisladas. Diversos ciudadanos afirman que los elementos que participan en estos retenes son elegidos y asignados estratégicamente, enfocándose principalmente en choferes de carga, transporte pesado y operadores que dependen de su jornada diaria para llevar sustento a sus familias.
La constante, según los testimonios, es la exigencia de dinero bajo amenazas de multas, retenciones o aseguramiento de unidades. En este contexto, también se señala que estas prácticas no podrían sostenerse sin el conocimiento de las más altas esferas del gobierno estatal.
“Ya basta”, expresan transportistas y ciudadanos afectados, quienes exigen investigaciones inmediatas, auditorías reales y sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables. Señalan que Cancún no puede seguir siendo rehén de prácticas que dañan la economía local, fomentan la corrupción y vulneran los derechos de quienes trabajan honradamente.
