CHETUMAL | Como lo documentó Poder y Crítica, Héctor José Contreras Mercader, desde la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo se ha convertido en un verdadero ‘mercader’ con la venta y el tráfico de permisos y servicios a través de una sofisticada red de extorsión en todo el estado; una estructura delictiva que les deja millonarias ganancias que escalan a los amás altos niveles de la Cuarta Transformación.
Los cobros a la mano o cancelación de multas que son ‘blanqueadas’ por funcionarios allegados a Contreras Mercader atentan contra los principios éticos de la Cuarta Transformación de NO mentir, NO robar y No traicionar al pueblo, sin embargo en la Dirección de Recaudación de Tulum, Rafael Martín Del Campo Bañó, no es morenista por lo tanto no le importan que lo acusen de estar medrando con el puesto y con los impuestos recaudatorios que atentan contra los empresarios y pequeños comerciantes,
En esta noble tarea de quebrantar los principios de la cuatroté, lo acompaña la ingeniera Sahirely Anahí Matos Torres, quien no sabe nada de contaduría e impuestos pero sí de recaudación y moches a la mano desde el segundo puesto en importancia en la oficina recaudadora.
En Tulum, la red de extorsión son las ‘Licencias de Funcionamiento’, estos funcionarios con sus empleados se dedican a enviar mensajes a los hoteleros que son sus principales clientes dejando en verdad millonarias ganancias que le permitieron a Del Campo Bañó, ‘bañarse’ en recursos ilícitos para poder comprar una ‘Cayenne’ y pasearse por la zona hotelera cazando extranjeras y extranjeros para saciar sus perversiones carnales conocidas ya por todo el sector empresarial de este polo turístico.
Rafael Martín Del Campo Bañó cobra hasta en especia que comparte con su noble jefe que comulga más con el Partido Verde que con Morena las prebendas que entregan Sahirely Anahí, los grandes desarrollos inmobiliarios han tenido que ceder a los chantajes de esta red, nadie está al 100 por ciento legal en sus permisos de operación.
El mismo esquema se aplica en Cozumel donde Paul Andre Quintero Mari, licenciado en Ciencias Políticas opera como Director de Recaudación y al igual que a su homólogo de Tulum la extorsión es más con los empresarios hoteleros y está acompañada por Ady Lucely Peraza Caamal quien es ‘Técnica Asistente Ejecutiva’ como profesión y cobra como Jefa de Departamento, a ella le achacan los cobros a. la mano, es la operativa de la red de extorsión a comerciantes en la isla.
Como detallamos en esta intrincada red de extorsión que lo mismo ataca a un pequeño contribuyente que a un potentado empresario hotelero o constructor, operan y blanquean los recursos ilícitos, Sirius Tenorio Cardona, directora estatal de Recaudación y Dafne Karime Orozco Angelino, directora de administración del SATQ.
La denuncia enviada a Poder y Crítica asegura que todos estos funcionarios, estatales y municipales están lucrando a través de ‘facilitar’ trámites que les deja millonarias ganancias, por decir: en los requisitos para el refrendo vehicular se necesita documentación original y una copia de la identificación oficial vigente del propietario como INE, pasaporte o cédula profesional, para el caso de personas físicas de representación legal se debe anexar escritura pública o carta poder certificada, para personas morales, acta constitutiva o escritura pública donde lo designen como representante o apoderado legal. original de la última tarjeta de circulación emitida o su caso constancia de no infracción, además del comprobante de pago del Impuesto Sobre Uso o Tenencia Vehicular y/o derechos por control vehicular (CFDI), si al contribuyente le hace falta alguno de estos documentos, ellos lo solucionan con un moche.
También lucran con los impuestos por ‘Nómina y Hospedaje’, la validación de pagos del Impuesto Sobre Nómina y Hospedaje son una fuente inagotable de moches para regularizar situaciones hacendarias estatales. También hay que sumar los moches por la constancia de retenciones del Impuesto sobre nóminas por prestación de servicios / Impuesto a la Venta final de Bebidas con Contenido Alcohólico.
