PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En Quintana Roo entró en funciones el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, una nueva entidad encargada de asegurar que la información pública de los entes gubernamentales esté al alcance de la ciudadanía.
Con su creación, inició también el proceso de liquidación del antiguo Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), trámite que será llevado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
El nuevo organismo tendrá la tarea de gestionar las solicitudes de información relacionadas con dependencias públicas estatales. Quedan fuera de su jurisdicción los partidos políticos y los sindicatos, que continuarán bajo supervisión del INE y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
A raíz de la instalación de los cuerpos colegiados que darán estructura al instituto, se informó que durante los próximos 90 días quedarán suspendidos los medios de impugnación ligados a solicitudes de acceso a la información.
Una vez concluido este periodo, todas las peticiones hechas por la Plataforma Nacional de Transparencia —como consultas de contratos, gastos gubernamentales o procesos administrativos— serán canalizadas al nuevo organismo, el cual deberá recabar y entregar los datos solicitados por la ciudadanía.
Estos cambios derivan del Decreto 154, publicado en el Periódico Oficial del Estado, que puso en marcha la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, vigente desde el 26 de noviembre.
La nueva legislación también obliga al instituto a promover la cultura de la transparencia entre las instituciones públicas y consolida la reforma constitucional estatal que, desde el 25 de noviembre, retiró a los municipios la facultad de gestionar directamente solicitudes de información.
El ajuste forma parte de una reestructuración nacional impulsada por el Congreso de la Unión en 2024, que incluyó la desaparición del INAI y la creación de nuevos modelos estatales de acceso a la información.
La XVIII Legislatura aprobó la formación del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo el pasado 13 de noviembre, argumentando que este esquema permitirá fortalecer la tutela del derecho ciudadano a conocer cómo se administra el recurso público y evitar duplicidades institucionales.
