PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La discusión de un proyecto relacionado con los desalojos forzosos en la Ciudad de México fue aplazada este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que decenas de personas bloquearan durante varias horas los accesos al máximo tribunal del país.
Desde primeras horas de la mañana, vecinos afectados y colectivos sociales cerraron todos los ingresos a la sede del Supremo, en rechazo a una propuesta que, aseguran, abre la puerta a expulsiones arbitrarias de vivienda, en un contexto de creciente presión inmobiliaria rumbo al Mundial de Futbol 2026.
Tras cerca de cuatro horas de protesta, durante una sesión pública se informó el retiro del proyecto del orden del día, el cual estaba a cargo de la ministra María Estela Ríos González.
Arturo Aparicio, asesor legal de familias desalojadas en distintos puntos de la capital, celebró la decisión, aunque aclaró que la exigencia central va más allá del aplazamiento. “Lo que buscamos es que se replantee de fondo el sentido del proyecto”, señaló.
La iniciativa en cuestión deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, presentada por la Comisión de Derechos Humanos capitalina tras la modificación del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, reforma que eliminó salvaguardas clave para las personas en riesgo de desalojo.
Los manifestantes sostienen que la redacción actual permite ejecuciones de desalojo sin garantías mínimas, como el derecho a un juicio previo. Por ello, demandan que se restaure el texto original de la norma, vigente solo durante unos meses en 2019.
Desde el Frente Antigentrificación, el activista Eduardo Alanís acusó que el proyecto favorece intereses inmobiliarios y deja en desventaja a quienes habitan la ciudad. A su juicio, el incremento de desalojos está directamente relacionado con la reconfiguración urbana previa a los partidos del Mundial que se celebrarán en la capital.
Antes de ingresar a dialogar con ministros de la Corte, Aparicio insistió en que la reforma aprobada en 2019 vulneró el principio de progresividad de los derechos humanos, al reducir protecciones previamente reconocidas.
Por su parte, Rufina Galindo, una mujer de 71 años desalojada en 2023 del Centro Histórico, pidió a los ministros —electos por voto popular— que prioricen el derecho a la vivienda por encima de intereses económicos. Aseguró que los desalojos no solo dejan a las personas sin hogar, sino que provocan afectaciones emocionales y un clima de miedo permanente.
La movilización comenzó alrededor de las 8:00 horas y se mantuvo hasta la tarde, con cierres viales frente a la SCJN, mientras los inconformes aguardaban los resultados del diálogo sostenido con los integrantes del tribunal.
