PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Por ser fuente la corrupción, generar una elevada burocracia, ser injusta y afectar a toda la población, la Ley de Movilidad de Quintana Roo será cambiada, señaló el candidato a gobernador del estado por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez.
Dijo que la nueva ley deberá tomar en cuenta a todos los actores involucrados en los diversos servicios de transporte que hay en el estado, en donde no solo se consideren a los taxistas tradicionales y a los servicios colectivos que ya operan en las ciudades bajo la regulación vigente, sino que también se incluirán a las mototaxis, los tricitaxis y a los vehículos que operan a través de diversas plataformas digitales, como es el caso de Uber y otras.
El Dr. Pech explicó que la nueva Ley de Movilidad también considerará alternativas de transporte que resuelvan los problemas de vialidad en la ciudades del estado, para lo cual se estudiarán y se tomarán en cuenta las experiencias exitosas que ya ocurren en otras urbes del país y del mundo.
Tras sostener este día reuniones privadas, el candidato a gobernador del partido naranja, señaló que para el caso de los taxistas, la nueva normatividad será muy estricta en lo que toca a la entrega de concesiones, a fin de que los beneficiarios sean solo los operadores de las unidades y no como ocurre actualmente, que incluso la candidata a la gubernatura del «Niño verde», posee varias placas de taxi, sin que jamás haya manejado una unidad de alquiler de este tipo.
Señaló el Dr. Pech que las necesidades y condiciones de cada comunidad del estado requieren de un servicio diferente de transporte público y puso como ejemplo el caso de Cozumel, en donde los taxistas se niegan a que se incorpore un servicio de mototaxis, que sería la solución para atender a la población local, sobre todo en los momentos en que los taxistas se vuelcan a dar servicio a los turistas que llegan en los cruceros y abandonan a los usuarios de la isla.
En este mismo sentido, el abanderado de MC a gobernador de Quintana Roo, se refirió al caso de las plataformas digitales que ya operan de manera regular en otras ciudades del país y del mundo; a ellas, dijo, se les obligaría a acatar la nueva Ley de Movilidad para que puedan operar sin problemas y a la vez se les impondrían las regulaciones necesarias para que paguen las correspondientes contribuciones locales.
