México, 24 febrero; poderycritica.-El senador Fernando Mayans Canabal informó que el Sector Salud pierde alrededor de 18 mil millones de pesos al año debido a la comercialización ilegal de medicamentos en ambientes que resultan totalmente inadecuados e insalubres.
En conferencia de prensa, el legislador por el Grupo Parlamentario del PRD aseguró que, de esta comercialización ilegal, una gran cantidad proviene del robo hormiga dentro de los hospitales y centros de salud, en donde el 87 por ciento de estos productos son introducidos al mercado ilegal.
Para enfrentar la venta indiscriminada de medicamentos caducos, apócrifos y de muestras médicas no autorizadas, el senador Fernando Mayans exhortó a la Cámara de Diputados a desahogar el proceso de su iniciativa para reforman los artículos 30, 222 y 464 ter de la Ley General de Salud, que fue aprobada por el Senado el 30 de abril de 2013, y turnada desde esa fecha a la colegisladora.
El legislador también reiteró que ha solicitado soluciones concretas con las autoridades en el Sector, específicamente con el titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, para que inicien las averiguaciones previas frente a este delito que atenta contra la salud y la integridad de la población mexicana.
“Hemos platicado con el secretario de Salud, José Narro, pero no ha habido respuesta, no ha habido reacciones. Urge que le prestemos atención, porque un pueblo enfermo no nos va a permitir combatir las adversidades del presente”, dijo.
A través de un punto de acuerdo, el senador por el estado de Tabasco destacó que la venta ilícita de medicamentos significa un grave riesgo debido a que puede producir envenenamiento, incapacidades, infarto o incluso hasta la muerte.
Mencionó que la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias de México señaló en 2015 que el valor de mercado de medicamentos en México es de 200 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones de pesos se pierden por la venta ilegal, registrándose una comercialización de tres mil 200 millones de unidades tanto del sector público y privado.
“De esta manera, las pérdidas económicas a la industria farmacéutica por causa de las medicinas piratas es de aproximadamente 150 millones de dólares anuales, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, añadió.
Además de los daños económicos, comentó, hay que señalar que la piratería de medicinas también impacta negativamente al desproteger los derechos de propiedad intelectual, datos clínicos y patentes.
En ese sentido, el Fernando Mayans recordó que el Senado remitió a la Cámara de Diputados la minuta sobre su iniciativa que tiene el objeto de inhibir, atender y sancionar todo este conjunto de ilegalidades.
“Dicha propuesta de reforma legal fue aprobada por esta Cámara el 30 de abril de 2013, la cual fue turnada desde esa fecha a la Cámara de Diputados, sin que se conozca cuál es el estado que guarda su proceso legislativo, que por la trascendencia de su objeto, debe avanzar sin mayores obstáculos”, apuntó.
El legislador tabasqueño reiteró que su propuesta plantea que la Secretaría de Salud realice un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.
Además, dicha dependencia llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación y de las características específicas como fecha de elaboración, caducidad, lote, institución del Sector Salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos.
Dicho registro será a través de un código bidimensional que deberán incluir todos los medicamentos en su contenedor, ya sea caja, frasco o bote, además de las características antes señaladas.
En el mismo punto de acuerdo, el senador Mayans Canabal exhortó a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS y a la PGR para que de manera coordinada se formule y a ponga en marcha una Estrategia Nacional que combata el mercado ilegal de medicamentos.
“Es inaceptable que sigamos permitiendo y solapando todo este mercado ilegal de los medicamentos, sin que se adopten las acciones básicas a partir de la adecuación del marco jurídico y de su articulación en la esfera administrativa”, argumentó.
