Marco Antonio Madrid, ciudadano peruano que permaneció detenido más de un año en Venezuela, denunció que los centros de reclusión del país operan bajo condiciones extremas que, aseguró, “no pueden considerarse cárceles, sino verdaderos campos de concentración”. El testimonio fue ofrecido tras recuperar su libertad hace dos semanas, luego de permanecer privado de ella en medio de presiones internacionales contra el gobierno venezolano.
Madrid, quien vivió varios años en España, se trasladó a la ciudad de Valencia, Venezuela, a inicios de 2024 junto con su esposa venezolana, con el objetivo de emprender un negocio de servicios telefónicos. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año fue requerido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para identificar a un excompañero de trabajo de origen español que había sido detenido días antes.
Según relató, acudió de manera voluntaria, pero terminó retenido pese a que sus documentos se encontraban en regla. “Me revisaron, comprobaron que todo estaba legal y aun así me despojaron de mis pertenencias y me encerraron”, afirmó.
Posteriormente fue trasladado a Caracas, donde permaneció en instalaciones subterráneas sin acceso a luz natural, durmiendo en el suelo y con agua helada para asearse. Días después fue enviado al penal de El Rodeo I, donde describió celdas de apenas unos metros, con condiciones sanitarias precarias y sin garantías mínimas de dignidad.
Madrid aseguró que fue acusado sin pruebas de participar en un supuesto complot contra el gobierno y que fue obligado a firmar documentos judiciales bajo intimidación. Durante su reclusión, dijo haber presenciado intentos de suicidio y constantes abusos físicos y psicológicos contra internos, muchos de ellos extranjeros.
Entre los castigos que denunció se encuentra el llamado “cuarto del silencio”, donde los reclusos eran encapuchados, esposados y mantenidos en total oscuridad, sin posibilidad de comunicarse ni siquiera para necesidades básicas. También señaló que pasó más de seis meses sin contacto alguno con su familia, lo que generó episodios de desesperación y protestas dentro del penal.
“El aislamiento era tan extremo que no sabíamos si nuestras familias sabían que estábamos vivos”, relató. Con el tiempo, comprendieron que las escasas llamadas permitidas funcionaban como una forma de presión para que gobiernos extranjeros intervinieran en negociaciones.
Madrid afirmó que la única información del exterior llegaba a través de transmisiones obligatorias de discursos oficiales, utilizados —según le decían— para “hacerlos entender la causa del gobierno”. Añadió que, hacia finales de 2025, observó un endurecimiento del control interno y mayor presencia de personal extranjero entrenando a custodios, lo que incrementó el temor entre los detenidos.
Tras su liberación, el peruano aseguró que no se considera un preso político, sino una víctima de detención arbitraria. Dijo que su mayor preocupación ahora es la situación de quienes permanecen encarcelados. “Uno sale, pero no deja de pensar en los que siguen ahí”, concluyó.
